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Paros

El 80 % de los jueces y fiscales secunda la huelga en València

Los magistrados reclaman la modernización de la justicia y más inversión

Cerca del 80 % de los jueces y fiscales de la Ciudad de la Justicia de València secundaron ayer la histórica huelga convocada para reclamar la modernización de la justicia, una inversión suficiente y la despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, en el conjunto de la Comunitat Valenciana fueron 331 de los 568 jueces y magistrados los que secundaron el paro convocado por las asociaciones de jueces y fiscales: 303 en la provincia de València, 196 en la de Alicante y 69 en Castelló; aproximadamente el 58.2 %.

Tras la concentración celebrada a las puertas de la Ciudad de la Justicia, el juez decano de València, Pedro Viguer, explicó que a consecuencia de la huelga se suspendieron un millar de asuntos y solo se llevaron a cabo las cuestiones urgentes o inaplazables.

Durante la concentración se leyó un comunicado en el que se afirmaba que es «evidente» que «no existe voluntad política para mejorar el funcionamiento de la Justicia, que sigue siendo la hermana pobre de las Administraciones Públicas».

«En pleno siglo XXI, no se han realizado en Justicia las inversiones que se llevaron a cabo hace ya muchos años par la modernización de otros sectores públicos» como la administración sanitaria, la tributaria o la Seguridad Social, apuntaron.

Un ejemplo de esta situación, señalaron en el comunicado, ha sido la «fallida Subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado de la Justicia».

A su juicio, «hace falta una inversión suficiente que nos saque de esta situación de Justicia decimonónica y artesanal en la que nos encontramos». Por ello, reclaman un plan de inversión prolongado con el incremento de la planta judicial y fiscal y la creación de 300 plazas anuales durante cuatro años, así como una dotación de medios para luchar contra la corrupción. Viguer ve necesaria la creación de un cuerpo de peritos contables, económicos, que auxilien a los jueces en su trabajo.

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