Mónica Magariños, que trabajó en la empresa de Gürtel Orange Market y que ha sido condenada a tres años de cárcel por el llamado caso Fitur (una de las 6 piezas de la rama valenciana de la trama), ha pedido que se suspenda su ingreso en prisión mientras se resuelve el indulto que ha pedido al Gobierno.
Magariños es una de los ocho condenados por el caso Fitur que permanecen en libertad, ya que desde hace más de un año están ya cumpliendo condena por esta causa los cabecillas de la Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes.
Una vez que el Tribunal Supremo confirmó la sentencia el pasado 8 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) citó a los ocho que se encuentran aún en libertad, entre ellos Magariños, para que ingresasen voluntariamente en prisión.
Ante esta circunstancia, la defensa de Magariños ha presentado una petición, a la que ha tenido acceso Efe, para que se suspenda la ejecución de la condena mientras se resuelve el indulto y en tanto que la sentencia del Supremo, que confirmó la del TSJCV, no adquiera total firmeza por tener pendiente de resolver escritos de aclaración y estar también pendiente un recurso de amparo ante el TC.
En el indulto al Gobierno, Magariños alega "los perjuicios familiares, personales y económicos graves e incalculables" que sufriría si se hiciese efectiva la pena de 3 años de prisión, que desestructuraría "una vida hecha".
Añade que carece de antecedentes penales y que nunca tuvo ninguna función directiva en las empresas de Correa, sino que más bien hacía "labores de mero trámite" y que estaba "subordinada" a sus jefes, pues era "una mera secretaria" y la "única administrativa condenada en esta causa".
Por ello, apela a "razones de justicia y equidad" para que se suspenda la ejecución de la condena, que en sí misma supone "un reproche jurídico penal suficiente" y conlleva "la reeducación y reinserción social buscada por la pena impuesta".
Mónica Magariños, que mañana debe ingresar voluntariamente en prisión, fue condenada a 3 años de cárcel (1 por asociación ilícita y 2 por malversación) y a 10 de inhabilitación, además de al pago de una multa de 1.800 euros.
