Una satisfacción contenida recorre la primera fila de la política contraria a la gestión del que fue presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Sus detractores, en su mayoría sentados en la bancada socialista de las Corts entre 1995 y 2002, y que algunos heredaron la oposición a Francisco Camps, no están contentos, pero sí esperanzados en que la justicia funciona, «aunque sea tarde». Y todos concluyen lo que en el pasado vaticinaron: con Zaplana comenzó todo.
Es el caso del exdiputado autonómico Antoni Such. Fue, junto a José Camarasa, los primeros que denunciaron presuntas irregularidades en la creación de Terra Mítica. Grabaron conversaciones que apuntaban a cobros de comisiones que podría haberse llevado el expresidente. Presentaron una denuncia en mayo de 2006, pero Zaplana nunca fue investigado judicialmente.
Ahora, Such es director general de Administración Local en la Generalitat, y tras haber visto cómo el exministro sorteaba su paso por los juzgados, ayer recurrió al refranero porque «tanto va el cántaro a la fuente que se desborda», en referencia a otros casos que le han salpicado.
Tanto Such como Camarasa, ya retirado aunque en la ejecutiva del PSPV, reconocieron la «tristeza» de un tercer presidente fagocitado por la justicia porque una vez más, «se daña el prestigio de los valencianos». Para Camarasa, es «la culminación de las sospechas que han acompañado al expresidente».
Por contra, el actual secretario de Justicia del PSOE, Andrés Perelló, aseguró no haberle sorprendido la noticia. Él era portavoz en las Corts y se personó en el caso IVEX, que investigaba el contrato en «b» con el cantante Julio Iglesias para promocionar la C. Valenciana. Lo que verdaderamente sorprende a Perelló es que la detención «no se haya producido antes».
«Denunciamos la corrupción porque era un escándalo, el dinero fluía, pero la gente se cegó con la vela de los barcos», lamentó Perelló. En este punto incidió el actual director general de Relaciones con las Corts, Antonio Torres, para quien la ciudadanía vivía al margen y el PP utilizaba los resultados electorales para legitimar su gestión.
Torres llamó a la prudencia. «Siempre se ha escapado porque ha sido más listo que los demás», señaló. Torres batalló contra la gestión de las 9.000 plazas en residencias de la tercera edad. Fue la punta del iceberg de una gestión «sin transparencia en las grandes actuaciones» de la década de los 2000. «Si eran empresas públicas, decían que no tenían que dar explicaciones y cuando era una gestión del Consell, todas tenían cláusulas de confidencialidad», y recurrió al contrato de Julio Iglesias, «del que siempre se negaron a decir cuánto costó».
Camarasa apuntó a una palabra que todos suscribieron después: la soledad en la «tarea política» de vigilar «los desmanes y excesos del PP, que se justificaban con la prosperidad de la C. Valenciana». Recordó que los días «de vino y rosas» hacían que se «mirara a otro lado al albur del encantamiento que proyectaba ese señor en la Generalitat», mientras a la bancada socialista se le tachaba de «traidora a la patria».
Francesc Signes, ahora subsecretario de la conselleria de Vivienda, recordó «la importante tarea del PSPV» para denunciar la corrupción del PP en aquella etapa que tuvo «un coste personal para muchos de sus miembros», declaró el exdiputado.
