El incremento desorbitado de la llegada de menores extranjeros no acompañados (MENA) a tierras valencianas, que ya adelantó hace meses Levante-EMV, es refrendado ahora por un informe del Síndic de Greuges, en el que se advierte a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de que se trata de un «fenómeno crónico» y que requiere de mayor planificación ante «la sobreocupación» que presentan los centros de recepción de la Comunitat.
En tan solo un año se ha experimentado un aumento del 103 por ciento, pasando de los 156 menores inmigrantes atendidos durante el 2016, a los 317 MENA atendidos por el sistema de protección autonómico, mayoritariamente en centros de recepción y en centros de acogida, el pasado 2017. Y la situación en lo que llevamos de año parece confirmar esta tendencia.
En cualquier caso, se trata de un aumento exponencial que preocupa al Síndic de Greuges que acaba de hacer pública una investigación en la que analiza y revisa la respuesta institucional que se ofrece a estos menores. De hecho, remarca que tan sólo trece de los 317 fueron derivados a acogimiento familiar.
Asimismo, tras visitar los centros de recepción de la Comunitat el Síndic se aprecia que la mayor parte de plazas están ocupadas precisamente por los MENA. Un 74,5 por ciento de las 157 plazas que actualmente tienen los centros de València, Alicante y Castelló estaban en el momento de la visita ocupadas por menores extranjeros no acompañados, la mayoría de edades comprendidas entre los 13 y los 17 años, com excepción de dos niños de nueve años.
Respecto al sexo de los menores acogidos en dichos centros, 136 eran hombres y solo 18 mujeres. Los países de procedencia son Argelia, Marruecos, Pakistán, Senegal, Nigeria, Camerún y Rumania, según indica este informe del Síndic de Greuges.
Una de las principales conclusiones que extrae el defensor autonómico es que la migración de los MENA no puede seguir siendo considerada como un fenómeno circunstancial en función de la mayor o menor afluencia de los mismos, «sino que debemos asumirla como un factor estructural que no va a parar y que requiere una planificación y una intervención diferenciada que atienda a las necesidades específicas de los mismos, muchos de ellos sin referentes familiares, con desconocimiento del idioma, del entorno y en ocasiones víctimas de explotación».
Otro de los temas abordados en la investigación es la sobreocupación de los recursos residenciales. Para el Síndic, parte del problema estaría en el cuello de botella que se forma en los centros de recepción, la puerta de entrada de todo menor - sean extranjeros o no- al sistema de protección.
Allí se prepara la documentación y se elabora el informe de diagnóstico para posteriormente derivar al menor al recurso más adecuado. Actualmente, existen 314 plazas en dichos centros, siendo 45 días el plazo máximo legal de estancia en este recurso. Sin embargo, dicho plazo casi siempre se incumple, llegando a permanecer los menores allí hasta los seis meses, según advierte el Síndic.
Víctimas del tráfico de personas
En su resolución, el Síndic hace hincapié en la «extrema dureza» del trayecto migratorio que han protagonizado alguno de estos menores no acompañados que «arriesgan sus vidas y se ven obligados a ponerse en manos de traficantes, con todo lo que ello supone».
De ahí que Cholbi reclame protocolos de actuación -inexistentes en la actualidad- para atender las necesidades psicológicas y emocionales de estos menores derivadas de vivencias traumáticas previas. Además, el Síndic urge a actuar con más contundencia y coordinación administrativa a fin de identificar y combatir las redes de tráfico de personas.
