Ante la llegada prevista para el próximo sábado de los 629 inmigrantes rescatados por el Aquarius, la Conselleria de Justicia va a reforzar los servicios de la Fiscalía, del Instituto de Medicina Legal y de traducción para poder prestar una completa atención jurídica a estas personas.
Tendrán prioridad absoluta los 123 menores que viajan en el barco, las siete embarazadas y todas las mujeres. De hecho, todas ellas serán trasladadas a las oficinas de atención a las víctimas del delito para que sean exploradas ante la posibilidad de que hayan sido víctimas de algún hecho delictivo.
Además de las organizaciones de trata y tráfico de personas, muchas de las mujeres que proceden de estos países huyen de situaciones de violencia y han sido agredidas sexualmente. Para todas ellas la conselleria que dirige Gabriela Bravo tendrá una especial dedicación.
De igual modo, los menores no acompañados también serán otro de los puntos delicados a los que se prestará una atención preferencial. Para ellos la idea es contar con un intérprete por persona, que siga su caso desde el principio, aunque el bajo número de traductores que dominen estos idiomas puede hacer inviable esta idea previa que ayer se plasmó en la reunión mantenida por la Conselleria de Justicia con responsables del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, de la Fiscalía de Menores, de la judicatura, del Colegio de Abogados de València y del Instituto de Medicina Legal de València para tratar las necesidades jurídicas de los inmigrantes del ´Aquarius´.
En esta primera toma de contacto cada uno valoró las necesidades inmediatas que los operadores jurídicos van a tener ante la llegada de este número de personas y de la importancia que la actuación sea integral. Todos ellos, al llegar en un estado de emergencia, tienen derecho a una primera asistencia jurídica, con intérprete, para que puedan saber sus derechos y situación.
Se prevé que se tengan que realizar numerosas pruebas óseas para determinar la edad de aquellos en los que se tengan dudas sobre si son menores o no.
Por ello, desde el Instituto de Medicina Legal de València se va a poner un médico forense por día de guardia que se dedique exclusivamente a esta función, pudiendo llegar a hacer entre siete y diez pruebas como máximo diarias. Así, se les tendrá que hacer una radiografía de muñeca, una ortopantomografía de la mandíbula y un estudio de la clavícula para determinar si la persona es menor. Dichas pruebas se realizan en el hospital de referencia, el Hospital La Fe, y de ahí son derivados a los juzgados, donde interviene la Fiscalía de Menores.
«Viene un importante número de menores no acompañados. En consecuencia y ante las dudas, se les considerará menores pero se tendrán que hacer las pruebas radiológicas pertinentes para poder acreditar la edad con exactitud», remarcó Gabriela Bravo tras la reunión mantenida ayer.
