Tras el terremoto político que ha vivido España en las últimas semanas, ya se perciben algunas consignas claras del ejecutivo de Pedro Sánchez. La propia ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet, ya ha anunciado que la reforma de la Constitución es «urgente, viable y deseable».
El jefe del Consell, Ximo Puig, siempre se ha mostrado favorable a la opción de «federalizar» España como alternativa a la crisis territorial y financiera que azota el Estado tras el derrumbe económico y el desafío catalán.
En febrero, el gobierno del Botànic, sin imaginar que un reverso político como el producido en La Moncloa podría llegar a suceder, ya materializó su propia hoja de ruta con una propuesta de reforma de la Carta Magna que ahora podría servir de borrador para el nuevo Gobierno. Profundizar en la democracia y evitar que los conflictos territoriales se incrementen son dos consignas que defiende el conseller de Transparencia e impulsor de la iniciativa, Manuel Alcaraz. «Más que necesaria, es imprescindible», dice tajante, y cree que no es más complejo «de lo que fue la salida del franquismo».
Sin embargo, la aritmética parlamentaria parece ir en contra de este optimismo. Por ello, aduce a la buena voluntad y el compromiso «de no usar la Constitución como arma arrojadiza». Se trata de que la pluralidad esté regulada en la Carta Magna, entendida y asumida, como la realidad que caracteriza España.
La pluralidad, en clave territorial, se podría traducir en distintos términos. Se habla de «federalización» y de «cosoberanía» como posibles alternativas para describir el Estado. Conceptos que han adquirido protagonismo presionados por el conflicto catalán. El exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo cree que la reforma, aunque conveniente, «no debe ser un premio para Cataluña, sino una mejora para todos».
Las dudas entre los expertos surgen a cada pregunta. «El federalismo, para los nacionalismos, es como dar una aspirina a un enfermo que necesita un antibiótico». Con esta metáfora, la profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de València, Sefa Ridaura, intenta compensar la balanza de optimismo que promueve una reforma constitucional «urgente». El federalismo pasa por establecer un principio de lealtad recíproca entre el Estado y las autonomías, mientras que la cosoberanía las convertiría en estados. «No creo que sea un modelo que deba defenderse», apunta.
García-Margallo entregó a Mariano Rajoy en 2013 un borrador sobre su propuesta para reformar la Constitución. Cree que España necesita un órgano de colaboración entre el Estado y las autonomías. Eso y sentar las bases de la financiación autonómica, una de las heridas abiertas que debe cerrar la reforma constitucional.
En la misma línea que Ridaura, Vicente Garrido cree que si el conflicto territorial fuera a solucionarse sí estaría a favor del modelo federal. Sin embargo, el ex presidente del Consell Jurídic Consultiu añade que «de facto» España ya es un Estado federal. Además, remarca que si se plantea un «estado plurinacional», habrá que concretar qué naciones acoge.
Pero hay algo por encima de las etiquetas territoriales. La politóloga de la Universitat de València, Rosa Roig, introduce una variable más. En la era de la globalización, la sociedad busca «elementos cercanos» para construir su identidad. Y en este contexto, Roig cree que es el Estado el que tiene que reforzar la identidad autonómica y local de los ciudadanos, y eso pasa «por ir hacia un Estado federal». En este sentido, el profesor Roberto Viciano, que ve necesaria la reforma, cree indispensable que la Constitución «se adapte a la sociedad de cada momento».
Sin embargo, Viciano ve «contradictorio» buscar una fórmula federal y, al mismo tiempo, establecer el principio de cosoberania, que es «más propia de las confederaciones, que son estructuras de cooperación entre Estados soberanos». Sin embargo, en las federaciones, «el Estado federal es soberano y los Estados federados no lo son, pues se someten a la Constitución federal».
Para el politólogo Joaquín Martín Cubas no es un problema de conceptos sino de articular mejor los niveles de gobierno. Lo político y administrativo colisiona con lo sentimental, y hay que elegir términos donde todos estén cómodos. «Primero habrá que hablar y luego poner lo nombres. Al revés, no funcionará».
Todos coinciden en que es poco factible la reforma. El andamiaje parlamentario lo complica con 84 diputados para conseguir el consenso de dos tercios de la cámara. En el Congreso, tendrían que votar a favor 233. «Es imposible que ahora prospere dicha pretensión», concluye Garrido.
El Senado, asignatura pendiente
De abordar una reforma constitucional, parece inevitable «meter mano» al Senado. Ridaura cree que es «absolutamente ineludible». Debe ser un altavoz de las comunidades autónomas, canalizar los intereses territoriales, y no ser «una caja de resonancia» del Congreso. Así, García-Margallo defiende el sentido original de la creación del Senado. Debería ser «un foro para dirimir las grandes leyes territoriales comunes a las autonomías».
Todos abogan por solucionar el debate histórico de dar más peso al Senado a través de la responsabilidad territorial de sus senadores. El expresident y senador Joan Lerma cree que la cámara territorial es una «necesidad». La Constitución no preveía que las comunidades fueran a arraigarse pero ahora «deben tener voz porque son un poder real», afirma. Y para ello, Lerma concibe el Senado como un escenario para la participación de esos poderes autonómicos en un ensayo de lo que podría ser una futura «cosoberanía», un término que reconoce que aún asusta.
