Las contrataciones de siete altos cargos en Divalterra, que ahora investiga el Juzgado de Instrucción 9 y la Fiscalía Anticorrupción en la «Operación Alquería», han tenido un coste para las arcas públicas en salarios pero también en despidos. Las retribuciones acordadas para los siete directivos de área oscilaban entre los 51.004,94 euros anuales que cobraba Salvador Femenia Peiró, alcalde socialista de l'Alqueria de la Comtessa, por dirigir el área de «regeneración de zonas verdes», con dos técnicos a su cargo. O los 58.665 euros al año atribuidos a Pau Pérez Lledó como director del área de Turismo de Divalterra. En total, un mínimo de 878.485 euros han costado los sueldos de los siete directivos durante dos años. Aunque algunos de ellos alcanzó los veintiocho meses en el cargo. El sueldo incluía suplementos por desplazamientos que oscilaban entre los 134,70 euros al mes para los que vivían a menos de 19 kilómetros de València o los 638,37 euros mensuales para directivos residentes a 80 o 90 km.
Ninguno sigue ya en este puesto de trabajo ya que los que seguían en sus puestos fueron cesados el pasado 31 de marzo de 2018. Apenas tres días antes de que el diputado de Ciudadanos, Jorge Ochando, presentara la denuncia ante la Fiscalía por las presuntas irregularidades en estas contrataciones.
Aunque los despidos de cinco de ellos también han tenido un coste para las arcas públicas de 81.916,63 euros, según la información publicada ayer en el portal de transparencia de Divalterra. Sólo tres no han recibido indemnización o finiquito porque abandonaron Divalterra mediante una baja voluntaria. Se trata de Miguel Ángel Ferri Llopis, que pasó a dirigir Egevasa, por lo que causó baja el 31 de diciembre de 2017. Salvador Femenía también abandonó de forma voluntaria la empresa el 19 de junio de 2017 para ocupar la vacante de diputado que dejó la alcaldesa de Dénia, Diana Morant.
Ambas «bajas» se intentaron cubrir con dos personas del entorno del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, Víctor Jiménez (alcalde de Rocafort) y Lucas Ferrando (secretario comarcal del PSPV en la Hoya de Buñol Chiva), que renunció antes de tomar posesión. Víctor Jiménez sí llego a estar contratado apenas treinta días. Y también renunció voluntariamente, sin finiquito, el 31 de marzo de 2018.
Si a los 81.916,63 euros cobrados por los despidos de los cinco altos directivos de Divalterra se suman los finiquitos cobrados por los dos exgerentes de Imelsa y Divalterra socialistas, Josep Ramón Tiller y Víctor Sahuquillo, las rescisiones de contratos han costado a las arcas públicas de la Diputación de València 103.790,51 euros.
Todos estos contratos son los que investigan el Juzgado de Instrucción 8 y la Fiscalía Anticorrupción en la «Operación Alquería» que provocó la detención del presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez junto a cuatro asesores y los dos gerentes de Divalterra.
