El anuncio del president Ximo Puig de tramitar la ley de gobiernos locales ha soliviantado a los titulares de las diputaciones de Alicante y Castellón, ambas gobernadas por el PP. La norma, que dejaría las funciones de las corporaciones provinciales «al mínimo» en el camino hasta vaciarlas de competencias, ha sido encajada por el presidente de la diputación de Alicante, César Sánchez, como una amenaza «a la unidad de España», y por el de Castellón, Javier Moliner, como un «as» en la manga del gobierno del Botànic al que recurren cuando se agotan otras reivindicaciones.
En las antípodas a los dos presidentes populares, y del lado del president Puig, la Diputación de València, gobernada por PSPV y Compromís con el apoyo de EU y València en Comú. El cuatripartito está en la línea de «adelgazar» las diputaciones, por lo que la norma no ha caído ni por sorpresa ni con disgusto.
Al contrario, la presidenta en funciones, Maria Josep Amigó, aseguró que colaborarán con cualquier iniciativa que se dirija a transferir competencias dentro de las posibilidades que ofrezca el marco legal. Todo «para avanzar hasta su desaparición», apuntó.
La predisposición de la presidenta Amigó de participar en la mudanza de poder de la diputación a la Generalitat choca de frente con sus colegas en ambas provincias. «No voy a permitir que el Consell rompa la unidad de España y elimine las diputaciones», aseguró ayer Cesar Sánchez, para quien las diputaciones son un intermediario decisivo entre las administraciones locales con las autonómicas y nacionales. Moliner, sin embargo, hizo una lectura política de la norma y apeló a las «maniobras» del Consell para utilizar el cierre de las diputaciones como cortina de humo para evitar otros temas que importaban hace solo un mes. Así, Moliner lamentó que se haya pasado «de necesitar más financiación a necesitar menos diputaciones».
Ambos presidentes hicieron alusión a las intentonas que la Generalitat ha tenido durante los últimos tres años para reducir las competencias provinciales. Si bien Sánchez se refirió al «fracaso» de la Ley de Comarcalización que impulsó Compromís en 2017, y que todavía se encuentra en trámite parlamentario, Moliner aludió a las respuestas judiciales que el Consell obtuvo cuando trató de coordinar las áreas de turismo y deporte para evitar duplicidades entre el gobierno autonómico y el provincial. Aprobó dos decretos que tumbó el Tribunal Superior de Justicia y después ratificó el Supremo, en favor, precisamente, de las diputaciones de Alicante y Castellón, que recurrieron a la justicia, frente a la de València, que ayudó en su elaboración.
Amigó recordó ambos decretos para reafirmar su compromiso de no concurrir en duplicidades, sino de apoyar en educación, bienestar social y sanidad, dejando a un lado la vertiente política y centrándose en la gestión de recursos, dando más peso a los municipios y mancomunidades. La ley de Puig limitaría la asistencia a los municipios con menos de 20.000 habitantes en servicios que no tienen capacidad de ofrecer.
