A la izquierda valenciana no le gustan las diputaciones. Realmente no le gustan las provincias. Y las diputaciones son su expresión. Cuestión de tradición. La izquierda es de comarcas. Pero está la Constitución, un muro insalvabe que consagra la estructura provincial. La Generalitat lo intentó sortear a través de los decretos de coordinación de las competencias de turismo y deporte de las diputaciones. Pero topó con la Justicia. Primero fue el Tribunal Superior de Justicia y luego el Supremo quienes dieron la razón a las corporaciones de Castelló y Alicante, en manos del PP, que habían recurrido.
El Consell del Botànic no cede. En septiembre de 2017 ya anunció que tenía en mente una ley para evitar los problemas. Ahora que la Operación Alquería (con seis detenidos y el presidente de la Diputación de València dimitido) ha vuelto a poner en el ojo del huracán a las instituciones provinciales, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dio carácter oficial al proyecto: una ley de gobiernos locales que «permitirá asumir al máximo el principio de subsidiariedad» y que «va a incluir la coordinación con las diputaciones», dijo ante la pregunta del portavoz de Podemos, Antonio Estañ, en la sesión de control de las Corts.
El objetivo de la norma es obligar a las diputaciones a reducirse a sus «justos términos». Estos serían, según explicó el director general de Administración Local, el socialista Antoni Such, a Levante-EMV, la asistencia a los municipios menores de 20.000 habitantes para los servicios básicos, como urbanismo o planeamiento. El resto de competencias de las corporaciones provinciales (cultura, deporte o turismo, entre otras) pasarían a estar coordinadas por el gobierno autonómico.
El borrador de la ley aireada ayer por Puig ante las críticas de Podemos a la política sobre las diputaciones con motivo del caso Alquería está actualmente en fase de exposición pública. Le queda, por tanto, recorrido antes de llegar a las Corts. Tiene difícil ser aprobada en esta legislatura, que finalizará la primavera próxima. Puede tener alguna posibilidad si entra en la Cámara antes del mes de octubre, señalaron ayer fuentes parlamentarias. Si no llega, el objetivo del Consell es dejarla preparada para que pueda ser aprobada justo al inicio del siguiente mandato. Pero para eso el Botànic debería renovar su mayoría en las elecciones del 26 de mayo de 2019.
«Pasividad y continuismo»
Estañ criticó ayer «la pasividad y continuismo» del Consell de Puig y Mónica Oltra en la política sobre las diputaciones, a pesar de que uno de los puntos del Pacte del Botànic era la apuesta por el municipalismo y la comarcalización.
El presidente de la Generalitat le recordó que la propuesta valenciana de reforma de la Constitución aboga por que «cada comunidad decida qué organización territorial prefiere».
El debate de las diputaciones ha sido reactivado por la detención y dimisión de Jorge Rodríguez por un caso de presunta prevarización y malversación en la empresa de la corporación provincial Divalterra (antes Imelsa). Para el líder de Podemos, es la prueba de la unión de diputaciones y corrupción y de que «las inercias del pasado siguen operando».
En este sentido, Rosa Pérez (EU) exigió ayer a Compromís que se defina sobre Divalterra. EU, Podemos y València en Comú (tambén PSPV) han abogado por el cierre.
