El Consell no está dispuesto a asumir, sin más, la sentencia que tumba once artículos del decreto de 2017 que regula el uso del valenciano en la administración autonómica. El plan «continúa en vigor», afirmó ayer el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, que remarcó que el fallo no es firme. Mientras no lo sea, la Conselleria de Educación, donde está adscrita el área de Trenzano, no cambiará de rumbo.
La resolución de la sección cuarta del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ) será recurrida, anunció el alto cargo, aunque se está a la espera del criterio de los servicios jurídicos para decidir si se actúa ante el propio TSJ o se eleva la petición de amparo al Supremo. Hay 30 días de plazo.
La sentencia, una más de la sección cuarta del TSJ contra las políticas de Vicent Marzà, ha contrariado a los máximos responsables del Consell. «En algunos apartados no se entiende cuál es la realidad lingüística valenciana», dijo Ximo Puig. «No se ajusta» a parámetros constitucionales, lamentó Mónica Oltra. Para Trenzano, la resolución «tiene lagunas de argumentación» e incide en artículos «de los que estamos satisfechos y han pasado los filtros jurídicos».
No obstante, como recuerda el fallo judicial, el Consell Jurídic Consultiu realizó alguna observación «esencial» que no ha sido tenida en cuenta en la redacción final. Esas puntualizaciones hacían hincapié en la comunicación con territorios del mismo ámbito lingüístico (Cataluña y Baleares): el Jurídic remarcaba que deben ser en castellano, en contra de lo establecido en el decreto.
«Esas observaciones fueron rebatidas por el voto particular de dos consejeras e hicimos nuestro el criterio de ellas», alegó Trenzano en declaraciones a Levante-EMV. « Ja n'hi ha prou (basta ya) a eso de comunicarnos en castellano con otras comunidades, porque es un tema resuelto socialmente, añadió el director general, que se relaciona con sus homólogos catalán y balear en valenciano, explicó.
El Gobierno del Botànic rechaza el argumento de la sección del TSJ de que el plan prima el uso del valenciano sobre el del castellano en la administración pública. «No limita la otra lengua oficial, no hay ningún obstáculo», aseguró Trenzano. Hay «discriminación positiva» de la lengua propia para «reequilibrar» su situación de menor fortaleza. Son medidas contra la «desigualdad» equiparables a las que se toman en el ámbito de la mujer o la discapacidad y avaladas en pronunciamientos del Constitucional, dijo.
Los datos de la última encuesta sobre el uso del idioma autóctono indican que el 86 % de los empleados de la Generalitat tiene competencia escrita en valenciano, pero muy pocos hacen uso de ella en la práctica (un 13 %).
El decreto fija que los funcionarios deberán establecer comunicación con los usuarios en valenciano. Para el TSJ, eso es «imposición». Para el director general de Política Lingüística, no es así. Se trata de que las primeras palabras a quien acude a la ventanilla sean «bon dia» como forma de favorecer que el usuario se exprese en valenciano si quiere. Hasta ahora, lo habitual es lo contrario, aunque el vecino en cuestión sea valencianohablante. «El objetivo es garantizar que el ciudadano sea atendido en el idioma que quiera», señaló Trenzano, algo que ahora no es posible.
Ninguna voluntad, añadió, de menoscabar el «vigor» del castellano, «imparable» socialmente.
