El nuevo «macrocontrato» valenciano de las ambulancias, adjudicado a la UTE Ayuda SLU por 226 millones de euros empezará a operar oficialmente a partir de mañana miércoles con, al menos, uno de los frentes judiciales que ha generado el concurso cerrado. Se trata de la denuncia presentada por varias empresas aspirantes a quedarse con el contrato contra las firmas Transvía y la UTE Ayuda SL pero también contra el exdirector general de Recursos Humanos y actual subsecretario de la ministra Carmen Montón, Justo Herrera. Los denunciantes aseguraban que en el proceso se habían cometido presuntamente delitos de prevaricación, falsedad documental y de fraude en la contratación pública al dar como buenas las certificaciones de calidad presentadas por estas empresas y que, según la denuncia eran, «presuntamente falsas», posición que no ha secundado ni el fiscal ni el juzgado.

Así, según el auto del juzgado de Instrucción número 5 de Valencia del 27 de julio, la denuncia queda archivada ya que se ha confirmado que las certificaciones que aportaron las empresas eran «auténticas», por lo que no se observa «de todo lo actuado indicio alguno de la comisión de hechos con relevancia penal». El archivo es provisional por lo que puede ser recurrido.

Ambulancias Lapeña, Ribera Alta y Pascual habían puesto en cuestión, concretamente, la certificación UNE EN ISO 14001 que aportó Transvía SL y la UNE 179002 de la empresa Alquiler Car Luxe SL que forma parte de la UTE Ayuda. En el primer caso, se recurrió a la agencia que emitió la certificación, en 2012, y que verificó que era correcta aunque por error se había emitido a nombre de Grupo Transvía-Autocares Transvía, aunque la solicitó y abonó Transvía SL. En el caso del segundo certificado, también se recurrió a la entidad emisora que certificó su autenticidad.

El abogado de la firma Transvía SL, Carlos Barbas, solicitó el archivo ya que entendía que no había pruebas y que solo se buscaba conseguir «por la vía penal lo que no obtuvieron en buena lid en el concurso».