Mil butacas inservibles o ilocalizadas y pagadas por la Diputación de València al Ayuntamiento de la Pobla Llarga hace diez años. Son argumentos suficientes para el equipo de gobierno actual como para plantearse actuar judicialmente contra los responsables. La sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número seis de València que exime al ayuntamiento de devolver la subvención recibida apunta al entonces alcalde y exdelegado del Consell en València, Rafael Soler Vert, y al presidente en aquel momento de la corporación, Alfonso Rus, investigado por presenta corrupción en varias piezas del caso Imelsa.
El ahora presidente de la diputación, Toni Gaspar (PSPV), y la vicepresidenta primera, Maria Josep Amigó (Compromís), se reunieron ayer y abordaron el caso, publicado ayer por Levante-EMV. Esperarán a un informe encargado a los servicios jurídicos sobre si la institución está legitimida para intervenir penalmente contra los posibles responsables.
La sentencia citada sugiere que la corporación se persone en el sumario que está abierto en un juzgado de Alzira a raíz de la denuncia que formuló en 2016 el actual equipo de gobierno de la Pobla Llarga, que relevó en 2015 al encabezado por Rafael Soler.
Este exalcalde es en la actualidad diputado provincial y miembro del consejo de administración de Divalterra, nombre nuevo de Imelsa, de la que fue gerente en dos ocasiones, antes y después del reinado del también investigado Marcos Benavent, el yonqui del dinero.
Rus dio una aportación a dedo en 2008 a la Pobla Llarga de 267.000 euros para el equipamiento del Teatre Monterrey, que sigue en obras a día de hoy. Las 1.089 butacas no llegaron: 640 fueron entregadas incompletas, del resto nunca más se supo y el misterio continúa.
La diputación, por otra parte, ha recurrido la sentencia que dictamina que la subvención ha prescrito y, por tanto, el Ayuntamiento de la Pobla Llarga no ha de retornar los 245.000 euros que la corporación le reclama por la ayuda concedida y no ejecutada.
