El debate de política general de esta semana servirá, como cada año, para evaluar las acciones del Consell en el último curso por parte de sus compañeros parlamentarios. El examen final se pasará en las urnas, pero el debate pone las cartas sobre la mesa de lo que se ha hecho y de lo que se hará, si no cambian los planes, en mayo del próximo año.

De los 21 compromisos que el presidente Ximo Puig realizó en septiembre de 2017, casi en su totalidad se han puesto en marcha o se han dado los primeros pasos.

El plan Edificant, el gran bastión en materia educativa, tiene para este curso 264 millones de euros disponibles para la construcción de nuevos colegios y la reforma de otros. Así lo aseguró el conseller Vicent Marzà la semana pasada.

Las ayudas por valor de 20 millones al sector industrial también se ejecutaron, pero algo por debajo de lo ideado: se destinaron 17,5 millones. El plan Renhata para la rehabilitación de viviendas, se reeditó con 106 millones de euros, y el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género se firmó días después del debate con la firma de 63 entidades.

Las explicaciones, los reproches, las propuestas y los análisis se enmarcan este año en un formato diferente que, con un día entre medias, quiere evitar que las jornadas se alarguen hasta la madrugada.

Además, la medida más revolucionaria por su calado es la de limitar a doce las propuestas de resolución que los grupos podrán presentar. Así lo aprobaron PSPV, Compromís y Podemos con el apoyo de Ciudadanos para evitar las medidas «a peso», como sucedió el pasado año cuando el PP presentó más de 1.000 propuestas. Una tarea del todo inabarcable para leer, analizar y votar.

Así, como ya hicieran el curso anterior, PSPV y Compromís intervendrán en bloque. Ensalzarán el aumento de ayudas sociales, de dependencia y las becas educativas, la reducción de las tasas universitarias y dos promesas electorales acometidas este año: la puesta en marcha de À Punt y la reversión a lo público del Hospital de La Ribera.

Mientras, determinarán las asignaturas pendientes hasta el examen final: aprobar el anteproyecto de Ley LGTBI y la Ley de Infancia y Adolescencia, la aprobación de las modificaciones a la Ley Urbanística, la Ley de Préstamos Bancarios y la de Contratos Agrarios.

Las doce propuestas que presentarán tanto PSPV como Compromís serán «idénticas», como ya hicieran el año pasado. Un gesto que quiere representar la unidad y sintonía como Consell, aunque las posturas se distanciarán respecto a las reivindicaciones al Gobierno central.

Ximo Puig se centrará en lo que se ha conseguido y cómo el nuevo gobierno en la Moncloa con Pedro Sánchez toma de ejemplo el Botànic. El último ejemplo fue el jueves, cuando la exconsellera de Sanidad y ahora ministra de la misma área, Carmen Montón, exportaba el modelo de sanidad universal que implantó en la C. Valenciana a la totalidad del estado español.

Aunque Presidencia aseguró que desde la «lealtad reivindicativa» se seguiría peleando por el trato justo del Estado a los valencianos, Fran Ferri, portavoz de Compromís, aseguró que, «mande quien mande en Moncloa, defenderemos los intereses de los valencianos», en un momento donde, pese a lo conseguido, «continua la discriminación que desgraciadamente no acaba», apuntó.

El año pasado, el procés empañó el balance político y el Consell fue acusado de «sectario» y «vendido» por Cs y PP. La gran baza del PP fue el plurilingüismo en las aulas y la eliminación de los barracones. Con total probabilidad Cataluña seguirá siendo un reproche para el Consell, no tanto por la realidad del proceso independentista, sino por la última polémica creada en torno al tuit del presidente de las Corts, Enric Morera, donde rechazaba la prisión preventiva como medida cautelar para los presos políticos catalanes, unas declaraciones que Ciudadanos calificó de «indignas».

Fue Cs el que exigió a Compromís en la pasada convocatoria que se posicionara respecto al procés, pero ahora apuntarán directo al talón de Aquiles de PSPV y Bloc: la investigación por posible financiación irregular.

Mari Carmen Sánchez criticará las guerras internas del Consell y su falta de autocrítica, así como las graves deficiencias en Educación y Sanidad. «Haremos una oposición firme pero constructiva», declaró Sánchez, quien representará a su partido por segunda vez en el debate, tras su estreno en 2017.

Repetirá también Antonio Estañ, portavoz de Podemos. Esta semana ultimaba su discurso y aseguró que la actitud que tome su partido en el hemiciclo dependerá del discurso de Puig. «Seremos insistentes», apuntó, e insistió en la idea de que el papel de Podemos es el de «fiscalizar» al Consell.

Sus prioridades son las relativas al bienestar, pero criticarán el «conformismo» del Consell respecto al modelo de producción. Estañ enfatizó en que este último debate debe sentar las bases de lo que ha sido un modelo alternativo para una legislatura «de transición» entre el pasado de la Comunitat Valenciana y la política con sello botánico.