El caso Gürtel vuelve contra Francisco Camps. Más de nueve años después de ser imputado en el caso de los trajes, por el que luego fue absuelto, las últimas confesiones del exnúmero dos del PP valenciano, Ricardo Costa, y de los cabecillas (encarcelados) de la trama, pueden no salir gratis al exjefe del Consell.
La Audiencia Nacional ordenó ayer reabrir la pieza 5 de Gürtel, dedicada a los contratos de Orange Market con la Generalitat, para investigar si el exlíder del PPCV encargó contratar a la trama.
Camps, con todo, se presentó ayer tranquilo ante la prensa para declarar una vez más su inocencia y remarcar que las acusaciones ya fueron investigadas en un tribunal valenciano sin conllevar ningún cargo contra él. Entonces, no obstante, Costa, Álvaro Pérez (El Bigotes) y Francisco Correa no habían apuntado al expresidente de la Generalitat como el máximo responsable del sistema de financiación irregular del PPCV a través de Orange Market, la filial valenciana de Gürtel. Los tres citados fueron condenados a penas superiores a los cuatro años de cárcel por estos hechos el pasado mes de junio.
Camps es el protagonista en la sombra del auto emitido por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El nombre propio sobre el que gira la resolución es el de la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars.
Los tres magistrados (María José Rodríguez, María Riera y Fermín Echarri) estiman la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ordenan la reapertura de la citada pieza con el fin de investigar las indicaciones que podría haber recibido Ibars de sus superiores (Camps era el principal) para la adjudicación de determinados contratos a la empresa del grupo Correa. Ibars está acusada de prevaricación administrativa en esta pieza.
Anticorrupción formuló su petición después de las declaraciones de Costa, Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez (El Bigotes) en el juicio por la financiación irregular del PP valenciano que se celebró en el juzgado central de lo Penal (Madrid).
Camps declaró como testigo en este proceso, que finalizó con un enigma: si el expresidente de la Generalitat se vería salpicado judicialmente en Gürtel tras las revelaciones de su número dos en el partido y los cabecillas de la trama. Tras la absolución en el caso de los trajes, Camps había quedado exento de todas las acusaciones de la red Gürtel, a diferencia del resto de cargos principales del PPCV bajo su mandato: Costa, Vicente Rambla y David Serra.
Los hechos imputados a Ibars sobre los que ahora se rastrea una implicación superior se refieren, por una parte, a la contratación directa de Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y, por otra parte, a la adjudicación, de forma directa, a la citada firma del montaje del stand de la C. Valenciana en Fitur de 2009.
El auto indica que de las revelaciones de Costa, Correa, Crespo y Álvaro Pérez, «se podría desprender que la contratación directa de Orange Market por la Administración valenciana era por decisión de las primeras autoridades» y el expositor en Fitur 2009 podría ser «una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el Partido Popular en la C. Valenciana».
Así, la reapertura tiene como fin averiguar si la acusada Ibars, en su calidad de directora general de Promoción Institucional, es quien adoptó las decisiones finales para contratar a Orange Market o bien «tal decisión fue adoptada por otras autoridades superiores jerárquicamente a la acusada, a las que se refirieron los acusados» en el juicio por la financiación ilegal del PPCV.
Los magistrados señalan que no pueden adelantar el resultado de la investigación que «trata de determinar la verdadera responsabilidad de Ibars» y «la eventual responsabilidad de terceras personas en esos hechos».
Esas terceras personas serían Camps. La declaración de Ibars se antoja crucial para una hipotética imputación del expresident. Sería la cuarta en casos de presunta corrupción. Dos son por la Fórmula 1: una por Valmor (la empresa organizadora de las carreras) y otra por la construcción del circuito. Y otra por la visita del papa Benedicto XVI en 2006.
El PP de Bonig marca distancias
Los partidos políticos del Acord del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos) y Ciudadanos exigieron ayer la dimisión de Camps del Consell Jurídic Consultiu, tras la última resolución de la Audiencia Nacional. «Es una inmoralidad que continúe», dijo Manolo Mata (PSPV). El PP actual, presidido por Isabel Bonig, evitó un respaldo firme: «Que se investigue todo lo que se tenga que investigar», dijo la número dos, Eva Ortiz. El presidente actual, Ximo Puig, afirmó que el PPCV «aún no ha asumido su responsabilidad política».
