«España es el 21.º de 28 países en la tardanza en resolver conflictos, el 13.º en el uso de nuevas tecnologías, el 21.º en presupuesto para la justicia y el 22.º en jueces por cada 1.000 habitantes. ¿Mejorar la justicia es una utopía»?
No, es un reto más que utopía. Es una situación que nos motiva para mejorar la prestación del servicio público de la justicia. Creemos que es factible que haya un servicio público de justicia más eficaz, más ágil... Que responda más a las necesidades de los ciudadanos, que tienen que comprender que la resolución de conflictos complejos requiere sus tiempos. Y que la justicia puede ser rápida en aquellos asuntos más sencillos. Tenemos en el procedimiento penal procedimientos abreviados, diligencias urgentes y otros asuntos de mayor complejidad en los que la justicia no puede precipitarse. Justicia rápida sí, pero no precipitada.
¿Cuándo atenderán las reivindicaciones de las asociaciones judiciales que convocaron la segunda huelga de jueces en democracia?
Hemos hecho algo que no se habia hecho en quince años. Desde el año 2003 se establecía que el régimen retributivo de jueces y fiscales tuviera una mesa de retribuciones con representación del Ministerio de Justicia, de Hacienda, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la Fiscalía General del Estado (FGE) y representantes de las asociaciones de jueces y fiscales. Durante quince años no se convocó esa mesa. Cuando se comprometió la ministra a convocarla, nadie se lo creía. Y se convocó. Y no fue facil. Hemos establecido el presupuesto necesario para que esas reivindicaciones se canalicen en esa comisión, que no puede usurpar una potestad legislativa, que es la ley de presupuestos generales del Estado (PGE). Pero hemos establecido la necesidad de que se elabore un reglamento interno que de aquí a diciembre realice su finalidad: adecuar las retribuciones de jueces y fiscales y elevar la propuesta con la intervención del Ministerio de Hacienda y de las asociaciones al Gobierno para que valore si esas propuestas las incorpora en su política legislativa, las lleva al parlamento y determina unas partidas presupuestarias que se adecuen a ese regimen retributivo de jueces y fiscales.
¿Es necesaria una ley de financiación de la justicia?
La administración de justicia a parte de un poder del Estado al que tenemos que servir, es un servicio básico de los ciudadanos junto con la educación o la sanidad. Más que una ley de financiación de la justicia sí reivindicamos que la ley de PGE se contemple la justicia como servicio básico a la ciudadanía. Creo que la justicia debe de tener un presupuesto superior al que ahora mismo tiene, porque tiene que cubrir necesidades básicas de los ciudadanos. Vemos cómo en consumo, el tema del crédito inmobiliario o las demandas que originan la avalancha de reclamaciones bancarias hoy día la justicia tiene que saber afrontar estos derechos de los consumidores y por tanto necesita mayor financiación.
«La justicia debería tener un plan tecnológico con el nivel de tecnología con el que cuentan Hacienda o tráfico?¿Por qué no se consigue esa tecnificación?»
No nos engañemos. No es el mismo escenario el que pueda tener la agencia tributaria en la gestión de tributos que el que se tiene en la gestión de procedimientos judiciales. Es muy diferente. En la gestión del procedimiento judicial la implantación de las tecnologías de la información y comunicación arranca hace apenas siete años. Y por el volumen de papel, de documentos, supone una difícil adaptación tecnológica, por el objeto del procedimiento y los usuarios que tienen que manipular ese procedimiento. No es equiparable a la gestión de tributos o a la gestión de la seguridad social donde hay unas mecánicas diferentes. Estamos en un periodo transitorio que no sé cuánto durará pero es indudable que no vamos a ir atrás. En la Unión Europea uno de los temas fundamentales es la justicia digital y nosotros también debemos interconectar no sólo a nivel de autonomías sino a nivel de toda la Unión Europea.
¿Trece sistemas de gestión procesal son razonables?
Cuando la ley de implantación de las tecnologías de información y comunicación de 2011 se estableció un organismo que se llama el CTEAJE (Comité técnico estatal de la administración de justicia electrónica), cuyo objetivo era lograr la interoperabilidad de los sistemas para llegar a un expediente electrónico unificado. ¿Cuál es el problema? Que cada autonomía ha buscado los mejores software o programas informáticos que le han permitido la gestión. Pero sin tener en cuenta estos nexos de conexión que ya se establecían en el CTAJ para la interoperabilidad. Y se ha llegado a la no comunicación de los sistemas. Nosotros estamos en el esfuerzo de potenciar la función del CTAJ en los territorios del ministerio y las autonomías y testear cuales son los fallos de los sistemas. Es inconcebible que nos digan en algunas autonomías que es imposible la videoconferencia cuando se pueden hacer por Skype. No tiene sentido que la empresa privada esté por delante de la administración. Y tendremos que buscar esa fórmula porque es absurdo que los sistemas no se entiendan entre sí, cuando esa interoperabilidad es básica a nivel de España y de la Unión Europea.
Igual de absurdo que no se conecte el sistema de gestión procesal de los jueces con el de los fiscales. El Cicerone con el Fortuny.
Estamos contemplando cuales son los fallos del sistema, su implementación y lograr que todos los posibles errores que existen, y muchos, podamos corregirlos.
El anterior ministerio quería implantar el expediente digital judicial el 1 de enero de 2016.
Desde 2011 se establecieron unos planes de actuación con cronogramas pero luego se ha visto que no se puede implementar un sistema sin tener en cuenta las opiniones de los usuarios y quienes van a manipular ese sistema y la formación. Y evidentemente 2016 no es posible. Esperemos que por lo menos encaucemos la cuestión para que en 2019 0 2020 ya podamos saber por dónde circular con planes de formación, modidicación. La subdirección general de nuevas tecnologías, que ha sido denostada desde críticas exteriores sin conocer su funcionamiento, en su programa software y a nivel europeo ha sido premiada como una de las gestiones informáticas más importantes del mundo. Compitiendo con Inglaterra y Francia. Todos los días hay ataques informáticos a los sistemas de justicia que no se conocen porque afortunadamente se paran antes... Otra cosa es la implementación que ha tenido esas dificultades y que nosotros estamos en condiciones de ir solucionando.
La situación de la planta judicial valenciana es insostenible y la creación de 14 nuevos órganos judiciales es «manifiestamente insuficiente dada la carga de trabajo que existe». En enero se crearon cuatro, pero sin jueces. ¿Qué piensa hacer al respecto su ministerio?
El ministerio piensa valorar las propuestas que le vengan por parte de la Conselleria de Justicia, en base a los informes que vengan unidos con la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), por parte del Consejo General del Poder Judicial. Ahora bien, hay que ser conscientes de que esto tiene unas repercusiones presupuestarias para cada comunidad y el Estado. En la sectorial todos los representantes de las autonomías planteaban los mismos problemas y en función a las prioridades y a las necesidades de cada territorio atenderemos. Pero que no quepa la menor duda que apoyaremos las reivindicaciones legítimas de la Comunitat Valenciana.
Los plazos en investigaciones judiciales que usted veía un regalo para infractores ¿Los revisarán?
Los plazos en la instrucción han estado desde 1882 en la Lecrim, que establecía que un sumario no podía durar más de un mes. El modelo de plazos en la instrucción es más adecuado cuando el fiscal, como en Europa, es el que investiga. La existencia de esos plazos ha desembocado en un conflicto entre los colectivos de jueces, de letrados de la administración de justicia, fiscales... Y ha desembocado en la impunidad de muchas conductas. Porque si no se recopilan en los plazos necesarios pruebas para formular un escrito de acusación al final el fiscal tiene que pedir el sobreseimiento de las actuaciones y se produce la impunidad. Nosotros haremos que al final de año en el Parlamento se derogue ese artículo 324.
¿Van a impulsar la instrucción sumarial a cargo del fiscal?
Sí. No tenemos ninguna duda. El gobierno va a mantener ese planteamiento. Es un modelo consensuado por todos los partidos y Europa. En esta legislatura no da tiempo a sacar esta ley orgánica que modificaría todo el marco procesal penal, pero si podemos llegar a 2020 y llevar al Consejo de Ministros un anteproyecto como se llevó en 2011 ya más consensuado. Otra cosa será el establecimiento de plazos de implementación del sistema que requieren unos años de «vacatio legis», con cinco o seis años para acomodar las plantillas de los jueces de instrucción, a través quizás de una unificación de carrera fiscal y judicial porque los jueces de instrucción actuales no pueden pasar todos a ser jueces de garantía. Y con la plantilla tan reducida que tenemos de fiscales no podemos encomendarle todas las instrucciones. Tenemos 2.700 fiscales y 5.000 y pico jueces y habrá que optimizar recursos.
Y siempre acompañado de la reforma del estatuto del Ministerio Fiscal que lo equipare al mismo nivel de independencia de los jueces y una FGE de elección parlamentaria para "ganar en credibilidad social y autonomía"
La Fiscalía tiene una posición institucional a través de su cabeza y hay una vinculación evidente con el Gobierno, pero a partir del nombramiento del FGE ya hay una independencia y autonomía interna del propio Ministerio Fiscal. Por las gestiones del Ministerio de Justicia actual en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se publica por primera vez en la historia una cabecera independiente del Ministerio de Justicia del Ministerio Fiscal donde se va a publicar los actos, convenios, circulares, instrucciones que haga la FGE. Eso da visibilidad a que este Gobierno es respetuoso con esa autonomía fiscal. Seguimos nombrando al FGE, pero a partir de su nombramiento tiene plena autonomía en el ejercicio de sus funciones.
Usted pensaba que el FGE tiene poderes omnímodos cuasi propios de un monarca medieval...
Sí, lo he escrito. El FGE tiene un gran poder, dentro de la estructura de la Fiscalía General. Y es uno de los pocos cargos políticos -en el buen sentido de la palabra- que dentro de su institución no tiene muchos contrapesos. Sí creo muy necesario que en la modificación del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, si se da la instrucción a los fiscales, se garantice y se blinde al fiscal instructor. Que no pueda recibir una orden de no proseguir un procedimiento. Y que las órdenes que se den sean motivadas por la transparencia, escritas y que se incorporen en los procedimientos. Y que el FGE tenga contrapesos internos en el Consejo Fiscal que, con un nuevo reglamento, permita una mejor participación de los colectivos fiscales y de la sociedad civil que ahora no está. Dicho esto, la Fiscalía es autónoma. En relación con el Ejecutivo está muy claro en la legislación cuál es el papel del Gobierno. Le puede solicitar actuaciones en defensa del interés público, pero el FGE oída la junta de fiscales de sala resuelve lo procedente, es decir que puede rechazar la petición del Gobierno. Y no puede ser cesado por el Gobierno en virtud de una reforma de 2007, salvo causas tasadas legalmente. Nunca ha estado en cuestión que es legal y constitucionalmente imposible que el gobierno dé instrucciones concretas al FGE para que se posicione en un procedimiento concreto en favor o en contra de los acusados. Eso es imposible constitucionalmente desde 1981. Otra cosa es que otros gobiernos hayan explorado esa posibilidad por vías extralegales.
¿Suprimirán aforamientos?
Espero que sí. Siempre he sido contrario a los aforamientos. Es un absoluto disparate que tengamos 250.000 personas aforadas en este país. La pretensión del gobierno es circunscribir esos aforamientos a delitos que se cometan en el ejercicio de las funciones del cargo. Se ha pedido al Consejo de Estado que informe sobre la viabilidad de esa reforma constitucional que yo creo que sí que es viable, como jurista...
¿Esta legislatura?
Esta legislatura sería factible si hubiera consenso político.
Una pregunta del Decano de los Jueces de València: ¿Para cuando una justicia moderna, con medios, un plan de inversiones y una convocatoria de oposiciones sostenida en el tiempo?.
Precisamente se acaba de convocar una convocatoria de oposiciones con 350 plazas, cuando hemos tenido muchos años con cien plazas sólo. ¿Para cuando? Tenemos que habituarnos a que los cambios van a ser nuestra rutina. como dijo la presidenta del TSJCV. Y va en función al desarrollo de la propia sociedad el tener una justicia adaptada a esas circunstancias cambiantes. No podemos establecer un plazo, porque cuando digamos esto para el 2020 o para el 2022 tendremos otros retos. Sí que hay que mantener una programación. Confucio dice que cuando tienes objetivos que parecen imposibles, no hay que renunciar a los objetivos o las metas. Sino establecerte un plan de acción. Y ese plan de acción lo tiene el gobierno.
