Sentencias como la de la Manada o la del crimen del parricida de Castelló podrían haber tenido un final muy distinto si la sensibilidad en materia de género e igualdad hubiese sido un elemento esencial en la formación de jueces, abogados o fiscales.
Juristas valencianas especializadas en esta materia así lo manifestaron ayer a Levante-EMV después de que el Congreso de los Diputados anunciase su decisión de que la violencia machista sea una especialidad jurídica equiparable a la de Penal, Menores o Social, y que se instauren las mismas pruebas selectivas de especialización y condiciones para el ascenso de los magistrados en su carrera profesional.
Una formación que, según la abogada Herminia Royo podría «remover los cimientos de la justicia patriarcal» en la que se juzga y «revictimiza» a las mujeres que acuden a la justicia en busca de una salida a la violencia machista.
Formación en sensibilidad
No obstante, no es tan imperante la necesidad de formación como sí lo es la sensibilización. Una opinión que Royo comparte con la Fiscal del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Paterna, Ángeles Martínez, y la profesora de derecho penal de la Universitat de València, Paz Lloria. Esta última aseguró que los jueces «sí están concienciados en el principio de igualdad. Lo que sería más necesario, por tanto, es que se les forme en sensibilidad», enfatizó.
«Con ello», añadió la fiscal Martínez, «podríamos erradicar la ambivalencia que cubre algunos de los criterios del mundo jurídico y conseguir que la justicia sea más eficaz».
Asimismo, Royo advierte de la necesidad de pedir responsabilidades a los jueces: «No es únicamente formación, habrá que ejercer mecanismos de control para que sean responsables de algunas de las decisiones que producen tanto daño a las víctimas».
El informe, en el que se ha negociado el texto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir las medidas pactadas en el Congreso, fue aprobado el pasado miércoles por la Cámara Baja. Ahora deberá pasar por la Comisión de Justicia, donde deberá obtener el apoyo de la mayoría de los grupos y, después, volver a ser aprobado en el Pleno del Congreso, antes de pasar al Senado.
