Intersindical acusa a la Conselleria de Justicia y Administración Pública, en manos de Gabriela Bravo, de «romper» el consenso sobre la capacitación lingüística en el ámbito sanitario, tras comprobar que el anteproyecto de ley de Función Pública se ha cambiado «unilateralmente».
La organización sindical señala «la sorpresa» cuando la conselleria ha entregado a los sindicatos el documento de cara a la Mesa General de Negociación que tendrá lugar el día 25.
Se trata del último tropezón de Bravo con una organización sindical por la competencia lingüística en la función pública valenciana. El denominado «requisito» ha generado problemas que ha costado desencallar y que hacen que a pocos meses de acabar la legislatura la ley de Función Pública continué en elaboración. Intersindical considera imposible ya la aprobación de la norma antes de la disolución de las Corts.
La entidad argumenta que el cambio detectado supone «un retroceso inadmisible, al dejar el establecimiento de la excepcionalidad para un futuro reglamento», cuando recuerda que «en el texto pactado se establecían unas garantías en la misma ley para evitar que esta excepcionalidad se convirtiera en norma y que esta estuviera siempre plenamente justificada y controlada».
De acuerdo con esta versión, esas condiciones para la excepcionalidad en el ámbito sanitario habrían desaparecido en el último texto redactado por Justicia.
La organización sindical explica que aceptó la fórmula sobre el sector de sanidad para «buscar un consenso entre la Administración, los partidos políticos que sustentan el Consell y los sindicatos de clase», y porque contenía elementos que garantizaban que se trataba realmente de situaciones excepcionales «temporales, motivadas y justificadas».
La nueva formulación «no es aceptable de ninguna forma» y pedirá recuperar la original.
