La causa judicial que investiga desde enero de 2005 los pagos en «B» de la Generalitat al cantante Julio Iglesias por ejercer de «embajador» de la Comunitat Valenciana seguirá en hibernación. Latente, a la espera de que surja cualquier novedad que permita reabrir las diligencias previas 4943/2005 que ha investigado durante trece años, sin mucho éxito, el pago de seis millones de euros al cantante a través de paraísos fiscales, como ha relatado durante todos estos años Levante-EMV a través de 250 artículos firmados por el periodista Francesc Arabí.
Varios de los investigados en la causa pretendían ahora que el caso se archivara definitivamente y alegaban la prescripción del delito de malversación de caudales públicos, el más grave de los tres que incluidos en la querella presentada en enero de 2005 por el PSPV-PSOE, ante la opacidad de la Generalitat sobre los pagos al cantante a través de cuentas opacas y paraísos fiscales.
El quid de la cuestión de esta causa fueron los emolumentos del cantante. El artista cobró 375 millones de pesetas (2,25 millones de euros) por prestar su imagen pero se llevó 990 millones de euros (casi 6 millones de euros). Un pronto pago en dos plazos que sólo fue de conocimiento público gracias a las noticias publicadas en exclusiva por Levante-EMV y que revelaron el recurso a facturas falsas por la supuesta organización de conciertos del cantante y que se abonaron a través de cuentas bancarias ubicadas en Bahamas, Islas Vírgenes Británicas o las Islas del Canal.
Unos pagos que admitió el cantante en una declaración por comisión rogatoria en Punta Cana en la que admitía que cobró 4 millones más de lo que declaró Eduardo Zaplana cuando lo contrató como embajador en 1998 y 1999.
Esta presunta malversación de caudales públicos «no ha prescrito», consideran los magistrados de la sección cuarta de la Audiencia de València, Carlos Climent, Lamberto Rodríguez y Lucía Sanz que ejerce de ponente. Y no ha prescrito a pesar de que la última actividad procesal en esta causa fue la declaración de un testigo el 17 de septiembre de 2012 «porque no ha transcurrido el plazo de diez años y mucho menos el de quince años» según se aplique el tipo penal más gravoso para los acusados en esta causa: el exdirector del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) y fugado de la justicia, José María Tabares, y el consejo de administración de la empresa pública ya liquidada.
Tres de estos investigados presentaron un recurso ante la Audiencia de València contra el auto del 12 de diciembre de 2017 del Juzgado de Instrucción número 19 de València que decretó el sobreseimiento provisional de la causa hasta que fueran cumplimentadas dos comisiones rogatorias cursadas a Islas Caimán y a Shangái y sea localizado Tabares, director general del IVEX entre 1997 y 1999 y que huyó a Japón tras ser condenado a cinco años de prisión por estafa y falsedad al instituto publico, que le impuso la Audiencia de Valencia y confirmó el Tribunal Supremo en 2006.
