La propuesta de ley que lanzó Podemos en las Corts para que la Generalitat recupere las competencias impropias que en la actualidad ejercen las diputaciones es una de las más avanzadas dentro del Botànic. Cuenta con el visto bueno del PSPV y Compromís -los socios de gobierno que los morados sostienen vía parlamentaria- y ya se le han hecho una serie de modificaciones que han atenuado la recuperación de competencias por parte de la Generalitat sin cambiar demasiado el fondo.
Es una ley corta que ya cuenta con el consenso de las tres patas del Botànic. Por todo ello, Podemos ha pedido que sea una de las primeras en llevarse a las Corts para su aprobación definitiva y que sea una de las primeras en entrar en vigor.
La comisión de seguimiento del Pacte del Botànic acordó el lunes dar prioridad a una quincena de normativas autonómicas de las más de 20 que hay ahora mismo en marcha. Entre ellas, se encuentra la ley que planteó Podemos para revertir competencias que ejerce la Diputación pero que en realidad corresponden al Consell al tiempo que apuesta por fijar unos criterios «objetivos y claros» sobre cómo deben gestionarse.
La normativa, que no entra a plantear la eliminación de las instituciones provinciales - para lo que haría falta una modificación de la Constitución- propone una reorganización de las competencias propias de la Generalitat y que a día de hoy ejercen las diputaciones y que afectarían a los servicios de Bienestar Social, Sanidad, Cultura, Turismo, Deportes que se ejercen desde las diputaciones. En el caso de la de Alicante, dirigida por el popular César Sánchez, también gestiona los impuestos; prácticamente, el grueso de toda la actividad que se ejerce desde la institución.
La activación de esta norma supondrá materializar el conflicto teórico y de debate entre el Consell y las diputaciones por la necesidad de mantener o no las instituciones provinciales.
Para el Consell, no hay problema en que sigan aunque se consideren estructuras obsoletas, si bien deben de servir a los pequeños pueblos y aceptar la coordinación del resto de competencias impropias. El nuevo marco legal afectaría a distintas competencias que gestionan las diputaciones como museos o servicios sanitarios, y la Generalitat tendrá que explicar, remarcan desde la Diputación de Alicante, de dónde va a sacar el dinero para recuperar estas competencias en un contexto de infrafinanciación estatal como el actual. Solamente la gestión de las competencias sanitarias y de salud en la provincia de Alicante suman cerca de 25 millones al año. La batalla está servida hasta los próximos comicios previstos para el mes de mayo de 2019.
Competencias afectadas
Desde la ley de Podemos, las competencias generales afectadas son Infraestructuras, Turismo, Cultura y Deportes, Educación, Salud y Bienestar Social, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Empleo, y Seguridad y Orden Público. Además, recoge que será la Generalitat la que determinará qué competencias propias y exclusivas ejercerá directamente y cuáles y en qué régimen delegará en las entidades locales. Respecto a las competencias que la legislación estatal atribuye a las diputaciones, la norma propuesta por Podemos busca marcar unos criterios objetivos sobre cómo se tienen que ejecutar.
El portavoz de Podemos en las Corts y líder de la formación valenciana, Antonio Estañ, ratificó ayer a preguntas de este diario que la normativa está tan «avanzada» por ser precisamente una ley corta y consensuada que será una de las primeras para los que los morados pedirán agilizar su tramitación.
Recordó que la propuesta de ley coincide también con los planteamientos defendidos por Cs sobre las diputaciones, por lo que espera también su respaldo. El apoyo de los naranjas dejaría solo al PP contra los planteamientos para la reordenación entre ambas administraciones que propone la Generalitat.
