Su tutela depende de la Generalitat Valenciana pero está «desamparado». Tiene 22 años, una discapacidad reconocida del 47 %, una enfermedad mental diagnosticada desde muy pequeño (Trastorno de la Personalidad), una incapacitación total por parte del juzgado y una madre con la que no debería tener contacto alguno por una orden de alejamiento tras un episodio violento que no fue el primero, pero sí determinante.

Lo llamaremos C. y es una persona tutelada por la Generalitat Valenciana, aunque vive en la calle. No hay plaza para él en un centro terapéutico de régimen cerrado, que es lo que le corresponde (y que se denominan CEEM, Centros Específicos para Enfermos de Salud Mental).

Al carecer de plazas disponibles en un CEEM, el sistema público le adjudica plaza en centros de régimen abierto y voluntario. Pero se fuga. Tras episodios de crisis y con una orden de ingreso hospitalario urgente por parte del juzgado, la conselleria le deriva a una plaza (la última en un centro de régimen abierto de Mislata) y vuelta a empezar.

Aguanta un tiempo sin consumir, tras estar ingresado en el hospital. Pero acaba marchándose. Siempre en compañía de su madre, que es la que le ha hecho todos y cada uno de los traslados. Su madre no debería, pero no le queda otra. Su madre no le ha abandonado jamás, aunque así conste ante el juzgado ya que el «abandono familiar» es lo que determina la tutela de menores y mayores.

La familia «desampara» -ese es el epígrafe de la fórmula legal- y entra en juego un sistema de tutelas que hace agua, al menos, en el caso de C. De hecho, C. forma parte del sistema de tutela de menores desde los 12 años. Pero cuando cumplió la mayoría de edad y ante la falta de «recursos disponibles para él» se le adjudicó la tutela de forma provisional a la madre otra vez y regresó al domicilio familiar. Tras episodios violentos y una denuncia cursada por parte de L. el 4 de enero de 2017, el joven volvió al sistema de tutelas de la Generalitat Valenciana.

Su tutor legal, por orden de un juez (desde el 13 de abril de 2018), es el Ivass (Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria) que depende de la Conselleria de Igualdad pero el joven está «desamparado y abandonado» por la Generalitat Valenciana.

Así lo denunció su madre mediante una queja en la Fiscalía de Incapacidades y en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de València, el pasado 18 de octubre. Cansada, agotada y con una maleta de expedientes, correos electrónicos impresos, facturas, escritos, denuncias, quejas se presenta en los juzgados y en este diario para denunciar un sistema público que le proporciona a su hijo el nombramiento de un tutor. Y nada más.

«Ni medicación, ni alojamiento, ni manutención, ni productos de higiene», afirma. Solo por poner un ejemplo, la madre asegura que tras pagarle la medicación de su propio bolsillo (unos 56 euros todos los meses) consiguió sacarlos de forma gratuita al incluir a su hijo en su cartilla.

Ella, que, en teoría ni debería cogerle el teléfono a su hijo ni verle siquiera. Ella, que tiene a día de hoy las pertenenecias del joven en el maletero de su coche. Ella, que lleva casi dos años acompañando a su hijo al juzgado (el joven ha tenido varias casusas abiertas por delitos por robos con los que costearse sus adicciones); a la UCA (Unidad de Conductas Adictivas) cuando saca fuerzas para dejar las drogas; al hospital cuando ha estado ingresado por una crisis o por una orden judicial; a la plaza de «urgencia» que le asigna la conselleria en el centro X cuando le dan el alta hospitalaria; a casa de la abuela, a la que el joven acude para asearse o dormir y de la que su madre le saca cada dos por tres porque la abuela está enferma de alzheimer y el joven la presiona o intimida cuando quiere dinero...

Porque el joven no tiene dinero. No tiene pensión. No tiene ingresos. Y cuando los ha tenido (tuvo una indemnización por un accidente de tráfico, por ejemplo) su tutor legal, la propia Administración, no se los gestionó.

De hecho, la madre asegura que la tutora legal del Ivass no conoce a C. «Solo lo vio 5 minutos, uno de los días que estuvo ingresado y porque se lo dijo la trabajadora social del pueblo en el que vivo», afirma. Y es que el sistema público también le ha traido a L. algunos «ángeles» a su vida. Y esa trabajadora social es uno de ellos.

Es más, si el joven esta hoy bajo techo (lleva desde el viernes pasado durmiendo en una pensión) es porque esta trabajadora activó las ayudas de emergencia del municipio para sufragarle el alojamiento por unos días. Y lo hizo porque el joven y su madre, en la puerta de la UCA, no sabían a donde dirigirse, a que lugar, piso o residencia llevar las pertenencias de C. que se encontraba, una vez más, en la calle. Fue el día de la gota fría y la orden de los funcionarios fue la de no desplazarse a ningún sitio.

La respuesta de la conselleria

Fuentes de la Conselleria de Igualdad aseguraron que el Gobierno del Botánico introdujo cambios en el sistema de tutelas para evitar situaciones como la de C. ya que la red «estaba desmantelada cuando accedimos al gobierno» y admitieron que carecen de plazas libres en los CEEM y que investigarán lo ocurrido con el joven.

Además, las mismas fuentes afirmaron que desde el Ivass «están realizando las gestiones pertinentes para que el joven tenga accesos a los recursos que le permitan tener una vida independiente como la Renta Valenciana de Inclusión o la ayuda a la dependencia».

Sin embargo, hasta que estas ayudas lleguen no supieron concretar quién debe hacerse cargo de la manutención, acompañamiento, alojamiento, medicación, productos de higiene... de un joven que a día de hoy se encuentra desatendido por su tutor legal que no es otro que la Generalitat Valenciana ya que el joven «tiene familia». «Tuve que renunciar a la tutela porque no tenía más remedio, lo que no significa que no esté pendiente de mi hijo. Si no estuviera yo detrás... a saber qué habría pasado con él porque no entiendo una tutela que no hace nada», lamenta la madre.