El expresidente del Gobierno dijo hace unos días que la ley de atención a la dependencia, de 2006, fue una «conquista social». La norma es uno de los hitos fundamentales de su etapa en la Moncloa, sí, pero su aplicación real ha dejado (y deja) mucho que desear. Básicamente porque ha tenido problemas de financiación desde el primer día y porque su desarrollo ha coincidido con la crisis financiera y los recortes del gasto público.
Los principales obstáculos económicos han venido precisamente del Gobierno central. La ley dice que la Administración central y la autonómica se han de repartir al 50 % los costes del sistema. Sin embargo, en el caso valenciano el Estado nunca ha llegado al 25 %. Rozó este porcentaje en 2010 (el último año de Zapatero) y en la actualidad (2017 es el último ejercicio con un cómputo total) está en el 12,1 %. En 2018 se estima que el resultado será similar. Como publicó Levante-EMV, el acuerdo del actual jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias contempla una inyección adicional de 32 millones en 2019 para la C. Valenciana. Es un aumento considerable (42 %), pero insuficiente para acercarse a porcentajes aceptables. El Ejecutivo pasará a hacerse cargo de algo más del 16 % del coste de la dependencia. El resto, más del 83 %, seguirá a cargo de la Generalitat.
Distribución del gasto público en dependencia
Los datos de la vicepresidencia y Conselleria de Igualdad, en manos de Mónica Oltra, señalan que cada año desde 2009 (la ley entró en vigor en 2007, pero su desarrollo no fue completo hasta dos años después) el Gobierno ha dejado de invertir cantidades siempre por encima de los 100 millones. El agujero se ha acrecentado en los últimos años: a partir de 2015 (en mayo se produjo el cambio de gobierno) las aportaciones de la autonomía crecen a un ritmo muy superior a las de la Administración central. En 2017, la Generalitat dispuso 553,7 millones, mientras que el Estado bajó su factura hasta los 76,4 millones.
En total, en los nueve años entre 2009 y 2017, el Gobierno central ha dispuesto 1.498,7 millones menos de lo que le correspondería para igualar las inversiones del Consell.
La brecha se da por hecho que se mantendrá en 2018 y 2019 a la vista de los anuncios de la Moncloa. Según la proyección de los últimos datos, el agujero se acercará entonces fácilmente a los 2.000 millones.
La cuenta es reveladora. En nueve años, la Administración valenciana ha destinado algo más de 3.687 millones para la atención a la dependencia. El Estado ha puesto 689,8 millones en el mismo periodo. La diferencia es considerable.
La dependencia es otro ejemplo de infrainversión. Según los gerentes de centros, la C. Valenciana es la autonomía donde el Gobierno invierte menos, ya que Euskadi y Navarra tienen sistemas diferentes de financiación (conciertos).
