La comisión de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías ha aprobado hoy con la única oposición de Partido Popular y Ciudadanos una proposición no de ley de Podemos en la que se reclama que se incluya la composición y propiedad de las empresas que concurren a licitaciones del Consell. Según ha destacado el diputado de Podem, Pepe Almería, en una segunda fase, que será objeto de otra iniciativa parlamentaría, «plantearemos incluir en las cláusulas administrativas criterios éticos en los cuales se prime la contratación con empresas que no tengan en su propiedad a personas condenadas en firme por corrupción».
Almería ha recordado que la Comunitat Valenciana «ha marcado límites de excepción en cuanto a la corrupción. Hoy tenemos en la calle una importante cantidad de empresarios condenados, a título personal, como cómplices de corrupción»
A pesar de ello, ha lamentado, «estos mismos empresarios, como socios o accionistas de otras sociedades mercantiles, pueden continuar accediendo a la contratación pública como si nada hubiera sucedido».
Almería ha insistido en que esta medida «no supone ningún tipo de exclusión, lo cual iría en contra de nuestra legislación básica. Se trata de primar las cláusulas de carácter social, y concretamente, la aplicación de criterios éticos en la prestación contractual, tal y cómo se contempla el Artículo 145.2 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Y para conseguir este objetivo, en una primera fase, será necesario obtener el conocimiento de las personas físicas o jurídicas que conforman la propiedad verdadera de las empresas que concurren a licitaciones de la Generalitat».
Así, ha explicado que «el objetivo es pedir la documentación necesaria de las empresas que se presentan a los concursos públicos de la Generalitat, para dejar clara la propiedad de las mismas y posteriomente, plantearemos incluir en las cláusulas administrativas criterios éticos en los cuales se prime la contratación con empresas que no tengan en su propiedad a personas condenadas en firme por corrupción».
La iniciativa aprobada, --a través de una autoenmienda que presentó Podem a una iniciativa que había quedado superada tras la aprobación de la ley para el fomento de la responsabilidad social, ya que reclamaba la creación de un sello de Responsabilidad Social Empresarial--, solicita incluir en la documentación administrativa necesaria para concurrir a una licitación de un concurso público de la Generalitat un certificado del Registro Mercantil que contenga los nombramientos y ceses de las personas administradoras de la Sociedad mercantil que concurra a la licitación, especificando el nombre y los apellidos, DNI, datos de nombramiento o cese y tipo de administración que ejerce en la sociedad, así como la escritura de constitución y estatutos sociales de la Sociedad mercantil con todas las escrituras de compra venta de participaciones sociales o acciones, de manera que se pueda conocer la propiedad en porcentajes de la mercantil en el momento en que concurre a la licitación.
