Era de esperar que la comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat fuera bronca. Se ha debatido la proposición no de ley de Podemos que busca reformar el estatuto de los expresidentes y restringir los privilegios de los que gozan cuando abandonan el Palau. Tienen a su lado a Compromís, pero a los socialistas enfrente.

Con el beneplácito de Cs y la negativa de PP, Compromís y Podemos buscan que los expresidentes de la Generalitat no formen parte del Consell Jurídic Consultiu al terminar su mandato, una fórmula que ahora utiliza Camps y que fue regulada para que no pudieran estar en el cargo más de 9 años. Sin embargo, ahora ambos partidos quieren que los expresidentes formen parte del Consell Económic i Social, donde no se cobra una remuneración más que las dietas.

Para Mireia Mollà, de Compromís, la negativa de PP y PSPV es precisamente por una "cuestión económica". Ha defendido que las labores de los expresidentes tienen más sentido en el CES que en el Jurídic, pero cree que ambos partidos no apoyan la modificación para que los expresidentes no pierdan su sueldo.

Y no solo eso. Fabiola Meco ha recordado que las oficinas, los servicios de secretaría y el coche oficial del que disponen Olivas, Fabra y Camps han costado al herario público desde 2003 "un millón de euros". "Unas oficinas sin límite de tiempo que no tienen que rendir cuentas ni se limita el gasto", y ha resumido con que se trata de "una barra libre". Ha recordado a Mata que la profesionalización del Juridic y el adelgazamiento de cargos y sueldos públicos fue una de las cláusulas firmadas en el Botànic.

Sin embargo, el síndic socialista Manuel Mata ha cuestionado esta iniciativa escudado en que los presidentes autonómicos "son lo más digno que han tenido los valencianos", por lo que se hace necesaria encontrar una salida cuando se han terminado sus servicios a la sociedad. "Un millón de euros no es nada", ha dicho Mata, y alega que la Ley de Incompatibilidades "es muy estricta" y les impide retomar una vida laboral a menos que sea en la función pública.

Por tanto, los socialistas están en la vía de mantener su plaza en el Consell Jurídic. "Lo que propone Cs de pagarles por no hacer nada, no me parece bien" ha dicho Mata.

La formación naraja quiere restringir los privilegios, lo que les sitúa en la línea de la propuesta podemita. Sin embargo, para los de Albert Rivera tampoco está justificada su presencia en el CES, pero abren la puerta a que reciban una indemnización económica durante los años en que la Ley de Incompatibilidad no les permite trabajar, como ha defendido la diputada Maria José García.

El principal reproche de Compromís a sus socios socialistas es que estén enrocados en el "no" por "dignificar" a los expresidentes, lo mismo que opina el PP, para quien debatir el estatuto de los expresidentes tiene que ver con una "obsesion política y manía persecutoria", como ha afirmado Alfredo Castelló.

Esta es la segunda vez que Podemos intenta en esta legislatura eliminar las prerrogativas. PSPV y PP ya se opusieron para impedir que se reformara el estatuto, pero la formación morada ha vuelto a intentarlo proponiendo que pasen al CES por no más de cinco años.

Se han mostrado más que decepcionados porque el PSPV ha votado en contra del derecho de revocación, que busca que el pleno de las Corts pueda forzar la salida de los miembros de este organismo. Para Mollà, los argumentos utilizados por los socialistas "han faltado a la verdad y ya no hay confianza para seguir negociando".