09 de noviembre de 2018
09.11.2018

El Consell resuelve el conflicto con Oltra y los bomberos con un fondo para funcionarios

Función Pública choca por la medida con todos los sindicatos, que consideran que privilegia al personal de empresas públicas

09.11.2018 | 00:51
Concentración de un grupo de bomberos forestales ayer frente al Palau de la Generalitat.

La reunión de la Mesa General de Función Pública que se celebró ayer para abordar el reparto de la masa salarial adicional de 2018 para mejorar los salarios del personal de la Generalitat ha desencallado dos asuntos pendientes en el Consell: la adecuación salarial de las trabajadoras sociales del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (Ivass), que se solventará con 1,6 millones de euros de este fondo y, como consecuencia, la aprobación del decreto ley para la subrogación de los bomberos forestales en una mercantil de la Generalitat.

El decreto está listo desde hace tres semanas para ser aprobado por el Consell, pero Compromís condicionó su visto bueno a tramitar también el decreto del Ivass que terminaba con la brecha salarial y resolvía la subrogación del personal nuevo por parte de la administración. Sin embargo, un informe contrario de Presupuestos impidió que se aprobara. Hasta que se resuelvan los problemas que el informe plantea, Oltra puede hacer efectiva la adecuación salarial de las trabajadoras con la partida que le han asignado del «extra» de la masa salarial de 2018.

Los 1,6 millones que incrementará el salario de las trabajadoras sociales se hará efectivo en un año, como propuso Oltra, frente al acuerdo que firmó el conseller de Hacienda, Vicent Soler, con el comité de empresa del Ivass para aplicarlo paulatinamente en tres años y evitar problemas con la ley de estabilidad presupuestaria.

A consecuencia de haber aprobado este incremento, el decreto ley de los bomberos se aprobará previsiblemente en el pleno del Consell hoy. Se trata de la «Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias, la empresa pública que asumirá a los casi 800 bomberos forestales de Tragsa y que tiene visos de convertirse en la empresa que unifique a todos los cuerpos de emergencias. Ayer mismo los bomberos se concentraron frente al Palau para agilizar su aprobación.

Los sindicatos, en contra

Sin embargo, la solución tomada por parte de la consellera de Justicia Gabriela Bravo podría traer cola. Ayer, la reunión de la Mesa General de Función Pública para abordar el reparto de la masa salarial adicional que tiene como fin mejorar los salarios del personal de la Generalitat (conselleries y empresas públicas) terminó como el rosario de la aurora.

Ninguno de los sindicatos presentes (UGT, CC OO, Intersindical y CSIF) avaló la propuesta de Bravo al considerar que el acuerdo al que se ha llegado para repartir los fondos es ilegal. La distribución había quedado pendiente antes de verano por las reticencias de los sindicatos y ayer el rechazo se repitió. Aún así, la conselleria que dirige Gabriela Bravo tiene previsto someter el acuerdo al pleno del Consell.

El reparto del dinero (un total de 9,7 millones) beneficia sobre todo a empresas del sector público u organismos, que se llevan un total de 6 millones de euros, frente a los 3,7 millones que se destinarán a mejorar los salarios de funcionarios y laborales de la Generalitat. La mayor parte se la lleva el Ivass, con los mencionados 1, 6 millones de euros, seguido de Ferrocarrils de la Generalitat (1,5 millones), y el Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT), que dispondrá de 990.000 euros para nuevas plazas de inspectores. El resto se repartirá entre la Agencia Valenciana de Turismo (856.000 euros), Vaersa (180.000), Epsar (46.0009), Entidad Valenciana de Vivienda (500.00 euros), y Fundación Centro de Estudios Medioambientales (160.000 euros).

Los sindicatos advirtieron a Bravo sobre la presunta ilegalidad de este acuerdo. Primero, porque creen que la Mesa General de Función Pública carece de competencias para decidir el reparto en el sector público porque tienen sus propios comités de empresa. Además, creen que la distribución entre el sector público supera el tope del 0,2 % de la masa salarial del sector público, a cuyas empresas solo correspondería alrededor de 4 millones, el 50% para ellas y el 50% para la Administración. Por último, los sindicatos creen que el Consell está utilizando el dinero para crear nuevos puestos, algo que desde Hacienda defendieron ayer que la ley sí que lo permite.

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