Ni siquiera aparcada, la fundación Cical, impulsada por José Manuel Orengo hace dos años, está exenta de polémica. Ahora vuelve a la actualidad porque la Agencia Antifraude ha abierto una investigación sobre ella (de fecha del día 14) a raíz de una denuncia.

La entidad contra la corrupción se ha dirigido a Divalterra, empresa de la Diputación de València, para obtener el expediente del acuerdo firmado con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en mayo de 2016 para el «diseño» de «un centro de investigación del conocimiento para la administración local» (Cical). Esta es la actividad a la que se dedicó el excalcalde de Gandia.

La investigación ya ha tenido una consecuencia. Divalterra bloqueará el pago de la cantidad pendiente de liquidar con la FVMP, según ha podido saber Levante-EMV. El acta de fin de la colaboración (por un total de 120.000 euros en tres plazos) es de abril de 2017. Se abonó el primero y se estimó que la cuantía pendiente por los trabajos realizados era de 69.000 euros. Esta cantidad permanece sin pagar y lo curioso, según fuentes consultadas, es que la reclamación de la FVMP ha coincidido prácticamente con el expediente de Antifraude. No hay una decisión oficial adoptada, pero los técnicos se inclinan por retener el pago mientras la investigación esté viva.

La polémica en torno a Cical estalló cuando esta empezaba a caminar y pidió la colaboración económica de la Generalitat y las diputaciones provinciales, dada la vinculación de Orengo con el jefe del Consell, Ximo Puig. El proyecto quedó congelado y meses después el exnúmero tres del PSPV se incorporaba a Presidencia como asesor. Abandonó el pasado 25 de septiembre y poco después era fichado por la empresa Balearia como director corporativo de expansión.

Antifraude pone ahora en el punto de mira a Cical, a pesar de su estado de letargo, según avanzó ayer El Mundo. La agencia que dirige Joan Llinares intenta esclarecer si se vulneraron los principios de libre concurrencia y si las aportaciones pactadas «no se corresponden al objeto de la contratación».

Imelsa (ahora Divalterra) fue uno de los focos de la corrupción del PP de la mano de su exgerente, Marcos Benavent, el yonqui del dinero. En su nueva etapa, una investigación sobre los altos directivos provocó en junio la caída del socialista Jorge Rodríguez como presidente de la Diputación de València.