Las primeras decisiones que el Consell del Botànic adoptó cuando llegó a la Generalitat en 2015 tenían un marcado cariz social. Sanidad universal, eliminación de copagos, becas sociales. Era la fase en que el Botànic restablecía derechos que los recortes del PP en los años de penuria habían eliminado.
Después llegaron otros. Libros gratis, renta de inclusión o las leyes de pobreza energética y función social de la vivienda que acabaron cuestionadas por el Gobierno.
Pero el acelerón definitivo en la agenda social del Botànic y en la ampliación de derechos a colectivos que no los tenían llega ahora, en el tramo final de la legislatura, y cuando no quedan ya más de cuatro meses para que se disuelvan las Corts Valencianes.
La pasada semana quedó aprobada la ley de Igualdad de personas LGTBI, recientemente la ley Trans o la de mediación para reducir la litigiosidad judicial y ayer mismo la que blinda los derechos de la infancia y la adolescencia.
Además, las Corts ya tramitan desde ayer la nueva ley de Servicios Sociales Inclusivos, la norma estrella de la conselleria que dirige Mónica Oltra y en la que se equipo lleva años trabajando.
La previsión es que esa ley de Servicios Sociales Inclusivos se apruebe a finales de enero o principios de febrero, aunque habrá debate en la comisión de Política Social porque se han presentado 540 enmiendas, 80 del socio, Podemos. «Es la ley de la legislatura», resumió ayer la vicepresidenta.
Es, sin duda, su ley más ambiciosa, la que convierte los derechos sociales en esenciales y de interés general. La que equipara los servicios sociales a los derechos en Sanidad o Educación. Cuando entre vigor, la Administración Valenciana ya no podrá condicionar las prestaciones a la falta de presupuesto porque recibirlas será un derecho. Incluso la popular María José Català reconoció ayer que la norma es necesaria, aunque considera que hay cuestiones por clarificar como la delimitación de competencias entre administraciones, la financiación o los equipos de personas que tienen que desarrollar esa ley. Oltra asegura que se abandona la antigua visión caritativa de los servicios sociales por una ley de alcance universal, lo que convierte a la valenciana en una de las primeras en España en regular el derecho, que ahora pasa a ser esencial. La norma crea el Instituto de Formación, Calidad e Investigación en servicios sociales
Mientras, con la aprobación ayer de Ley de Infancia y Adolescencia los niños y adolescentes pasan a ser ciudadanos de pleno derecho e se impulsa su participación en la vida pública. La ley sale adelante con los votos a favor de PSPV, Compromís, Podem y Cs y la abstención del PP, partido que ya rompió el consenso y que no la apoya por cuestiones ideológicas como el aborto o que la educación sexual competa a las familias y no tanto a las administraciones. Pese a todo, la diputada del PP, María José Català, cree que la ley perdurará en el tiempo, pero que la ideología botánica separa a su grupo, lo que justifica la abstención. La norma, entre otras cuestiones, limita los deberes en Primaria en favor de más tiempo libre y de ocio del menor.
