Toni Gaspar compareció ayer para dar cuenta de su primer presupuesto como presidente y el último de esta legislatura. «El más justo de todos», dijo, con líneas de financiación «consensuadas y dialogadas» con el resto de partidos de gobierno. Unas cuentas donde se han reducido conceptos para facilitar el acceso a los ayuntamientos, y cuanto más se reduzca, mejor: «La diputación puede hacer mucho más simplificándose, tanto en las líneas de ayuda como en la burocracia interna», aseguró.
En rueda de prensa junto a las portavoces de los partidos de gobierno Maria Josep Amigó (Compromís) y Rosa Pérez (EUPV), con la ausencia de Berto Jaramillo de Valencia en Comú por estar indispuesto, Gaspar pidió disculpas a los ayuntamientos por la «lentitud» de la Administración en tramitar las ayudas y el dinero consignado, acrecentado, además, por la sombra de la corrupción que planea en las instituciones y que pone al personal en estado de alerta. Según Gaspar, «ahora se va a la Fiscalía por cualquier sospecha y las instituciones están en shock y paralizadas». La gestión burocrática se mira con lupa «por si acaso», lo que ralentiza la distribución económica a corto plazo.
Los presupuestos salieron adelante en la votación del pleno posterior con los votos de los partidos de gobierno, PSPV, Compromís, EUPV y València en Comú pero con el rechazo de PP, Cs y el diputado no adscrito, José Enrique Aguar. Tanto Mari Carmen Contelles (PP) como Mamen Peris (Cs) esgrimieron el mismo argumento para su voto en contra: la ejecución presupuestaria.
Si Gaspar lamentó en rueda de prensa la lenta transferencia de los fondos, el PP se apoya en los datos y aseguran que de las cuentas aprobadas en 2018, a 23 de noviembre solo se había ejecutado el 55 %, lo que demuestra para los populares la «nula capacidad» de gestión del cuatripartito. Para Cs, la ejecución es «lamentable». Sin embargo, desde presidencia aseguran que en diciembre la ejecución está en torno al 77 % de lo presupuestado.
La oposición también acusó al gobierno de servir «para rescatar la política destartalada de Mónica Oltra», pero también a Ximo Puig y hacer unas inversiones «a medida» para Vicent Marzà con las infraestructuras educativas. «Somos el cajero de la Generalitat», afirmó Contelles.
En 2019 las cuentas provinciales manejarán 486 millones de euros marcados por una firma puesta municipalista, como explicó en el pleno la diputada Rebeca Torró sobre los primeros presupuestos que redacta desde que reemplazara a Gaspar en Hacienda.
