11 de enero de 2019
11.01.2019
Tribunales

Los jueces de instrucción denuncian el acoso a la magistrada del Caso Zaplana

Muestran su "profunda preocupación" y defienden que el expresidente de la Generalitat "recibe los cuidados necesarios en un centro hospitalario"

11.01.2019 | 14:07

Los jueces de los 21 juzgados de Instrucción de Valencia reunidos han acordado trasladar a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) su "profunda preocupación por el inadmisible acoso a que está siendo sometida la magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia como consecuencia de las medidas cautelares personales legalmente adoptadas en el ejercicio de sus funciones en una causa penal a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción y que han sido avaladas por la Audiencia Provincial de Valencia", aseguran en referencia al Caso Erial, en el que se investiga al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, junto a su círculo más cercano de confianza. Los magistrados señalan que las medidas judiciales adoptadas por la jueza "afectan a una persona de indudable relevancia pública que padece una grave enfermedad por la que está recibiendo todos los cuidados necesarios en un centro hospitalario altamente cualificado".

Los compañeros de la titular del Juzgado de Instrucción 8 lamentan que el "acoso sin precedentes" al que se ha sometido a la magistrada "ha conllevado, además de la publicación de aspectos de la vida privada de la magistrada que pertenecen a su más estricta intimidad, amenazas más o menos veladas, descalificaciones e insultos de todo tipo, actuaciones todas ellas inadmisibles que, además de exceder los límites de la crítica razonable de las resoluciones judiciales, menosprecian la independencia judicial y sobre todo, desconocen el principio de igualdad ante la ley".

Por ello, antes estos hechos "que traspasan líneas rojas nunca antes superadas" la veintena de jueces de instrucción de Valencia piden "en éste y en cualquier otro procedimiento, el debido respeto a la función jurisdiccional, lo que implica que se nos permita realizar nuestro trabajo libre y responsablemente". Al tiempo que proponen "una profunda reflexión sobre la necesidad de que estas cuestiones en lo sucesivo se analicen, debatan y resuelvan con todos los elementos de juicio en el foro adecuado que es el de los tribunales de justicia y por el cauce legal y constitucionalmente previsto. No otra cosa exige el respeto a la división de poderes y al Estado de Derecho -a la democracia misma- algo que por obvio no debería ser recordado".

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