Ni auditoría ciudadana ni evaluación externa de las políticas públicas. Al menos, no durante esta legislatura. El Consell del Botànic se ha puesto nota (y siempre alta) a la hora de hacer balance sobre el grado de cumplimiento de sus compromisos. También lo ha hecho este pasado fin de semana en Gandia durante el último seminario antes de las elecciones de mayo, un encuentro en el que se cifró en un 92 % el grado de ejecución de las propuestas planteadas meses atrás. Con estos encierros, el Ejecutivo valenciano se ha ido poniendo a prueba estos cuatro años, pero nunca ha tenido un examinador externo que evaluara sus políticas desde otros parámetros.
De hecho, el Botànic llega a su fin sin que el compromiso de ser evaluado externamente se haya cumplido, ya que los trámites para ello se han iniciado en el último momento. En concreto, Presidencia de la Generalitat, el departamento que tiene las competencias sobre evaluación de políticas públicas, hizo público el 28 de diciembre el decreto por el que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para financiar trabajos especializados de evaluación de políticas públicas. Esta normativa busca establecer la hoja de ruta para que centros de estudios especializados y universidades lleven a cabo estos estudios.
El decreto firmado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reconoce la importancia que tiene para el Ejecutivo este tipo de evaluación: «Entre los objetivos prioritarios del Consell de la Generalitat está incrementar la eficacia y la eficiencia de las políticas que llevan a cabo todos los departamentos del gobierno valenciano, y también de todos sus servicios y bienes públicos. Un conocimiento que implica evaluar la calidad, los resultados e impactos y los beneficios colectivos que se derivan de cada una de las políticas públicas», reza el decreto.
Con todo, difícilmente los resultados de esta evaluación externa estarán listos esta legislatura. Cabe indicar que después del decreto con las bases reguladoras, Presidencia de la Generalitat tiene que convocar las ayudas, un procedimiento lento que al menos dura seis meses.
El Consell busca que las universidades públicas centren sus trabajos de manera preferente en un análisis multidisciplinar de las políticas públicas concretas y actuales del Consell, evaluando sus efectos. Además, del examen se busca también el diseño de nuevas políticas. Los trabajos, según se recoge en las bases, «podrán ser de difusión general y se incorporarán al patrimonio del conocimiento académico y social de la sociedad valenciana».
Auditoría ciudadana
Así, en espera de que el Consell encargue los trabajos y haga público sus resultados, la legislatura del Botànic llega a su fin sin que su gestión sea sometida a prueba por evaluadores externos. También cayó de la agenda la exigencia de Podemos de encargar una auditoría ciudadana. El asunto fue incorporado en los acuerdos del Botànic, pero finamente no se ha puesto en marcha. Lo más cercano a esta iniciativa es la auditoría incluida en el Plan de Innovación y Calidad presentado por la Conselleria de Transparencia que recoge un mecanismo de rendición de cuentas inédito en España. El Consell ha estrenado esta fórmula con las obras del colegio publico CEIP El Rajolar en Aldaia. Transparencia Internacional es el encargado de vigilar, junto con dos monitores externos (una jurista y un arquitecto), todo el proceso de construcción.
