El entorno de Carmen Leigue Ralde, la mujer boliviana de 65 años que iba a ser deportada anteayer por no tener «arraigo suficiente» pese a llevar 17 años en València y que sus dos hijos y tres nietos residen en la misma ciudad, vivió su puesta en libertad ese mismo día como una victoria, pero que no es definitiva. La Delegación del Gobierno paralizó la orden de expulsión a escasas horas de que ésta se fuera a consumar -el vuelo a Bolivia estaba programado para la misma noche del miércoles- para analizar su expediente. Ahora es la propia Delegación del Gobierno quien tiene en su mano que Carmen se pueda quedar definitivamente en València o que el procedimiento de su expulsión siga su curso hasta llegar a juicio.
La deportación de Carmen quedó paralizada anteayer por la tarde, cuando la Delegación del Gobierno aceptó un recurso de resposición con petición de medidas cautelares presentado por los abogados de la afectada. Anteriormente, la campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs NO) inició una movilización para pedir que se frenara la expulsión de Carmen, a la que durante el día incluso se adhirieron diversos responsables políticos y sindicales.
Aunque desde el entorno de Carmen aseguraban ayer que su abogada todavía no ha recibido ninguna resolución oficial de su puesta en libertad, fuentes de la Delegación del Gobierno explicaron a este diario que se levantó la orden de expulsión y quedaba en libertad mientras se revisa su expediente. Así, sobre las 17 horas Carmen salía de los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional de Paterna, donde pasó dos días, para por fin poder reunirse con sus familiares en su casa.
Fuentes jurídicas consultadas por Levante-EMV señalaron ayer que, en la situación actual, la Delegación del Gobierno tiene en su mano la posibilidad de que Carmen definitivamente no sea expulsada de España. Una vez concedida la medida cautelar por la que Carmen no fue deportada ayer, la Delegación del Gobierno tendría dos opciones tras analizar el expediente: o bien revocar la orden de expulsión o decidir que prosiga el procedimiento, con lo que volvería al Contencioso-Administrativo y Carmen debería defenderse en un juicio.
Si la Delegación del Gobierno revocara la orden, además, las mismas fuentes incidieron en que no se le podría volver a incoar otro procedimiento de expulsión, con lo que Carmen podría permanecer en España ya que no habría motivo justificado para poder deportarla.
Caducó el permiso de residencia
Desde que llegó a España, Carmen Leigue se dedicó a trabajar -la mayoría de veces sin contrato- en hogares particulares como asistenta cuidando a niños y personas mayores. Después de conseguir permisos de residencia bianuales, hace dos años no pudo renovarlo porque no tenía la cotización mínima necesaria. El pasado mes de enero fue detenida por dos policías nacionales vestidos de paisano en Patraix y, tras comprobar que no disponía de permiso de residencia, se inició el procedimiento de expulsión ahora paralizado.
