20 de febrero de 2019
20.02.2019
Informe del Consell Jurídic Consultiu

El Consell podrá incorporar al personal de las concesiones sin pasar oposición

El Jurídic da oxígeno al Consell y ahora avala subrogar a los trabajadores de las resonancias siguiendo el modelo de Alzira

20.02.2019 | 20:02
Nueva resonancia magnética instalada en el Hospital Sant Joan de Alicante.

Balón de oxígeno para los planes del Consell del Botànic de rescate de los servicios públicos. De momento, para el que estaba más encauzado (las resonancias magnéticas en Sanidad), pero también para futuras reversiones en el ámbito sanitario o de los servicios sociales. Tal como ha avanzado levante-emv.com, el Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha emitido un dictamen en el que da luz verde a los planes de la Conselleria de Sanidad para el rescate del servicio de las resonancias magnéticas. El ente jurídico concluye que el proceso de reversión entra dentro de la sucesión de empresas, por lo que los más de 100 trabajadores podrán ser subrogados en la Generalitat y, además, sugiere que este personal entre a la administración en la condición de personal a extinguir.

Se trata de una figura controvertida que ya se usó en el rescate del hospital de Alzira y que ha convertido en seudofuncionarios a un millar de trabajadores, quienes podrán conservar la plaza de por vida sin la amenaza de que salga a concurso. Esta entrada por la puerta falsa de personas que no han opositado ha generado agrias discusiones internas, tanto políticas como jurídicas, al suponer un agravio comparativo respecto a quienes aspiran desde la calle a un empleo público.

De hecho, hasta el propio CJC había puesto serias trabas a esta vía de acceso a la función pública en un dictamen emitido a finales de 2018 a la Ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat, en concreto, a una disposición en la que se buscaba regularizar esta figura para facilitar las reversiones en los servicios sociales. Entonces, el Jurídic fue claro al cuestionar esta vía e incluso hizo una observación esencial. Para el CJC se generaba una distorsión en la función pública y «puede dar lugar a una vía alternativa de selección de personal de la Generalitat», prescindiendo de procesos selectivos y de los principios básicos constitucionales de igualdad y publicidad en el acceso al empleo.

En su nuevo informe, el Jurídic habla también de que se trata de una figura «controvertida», pero en cierto modo la blanquea al considerar que la Generalitat «se ve forzada» a acudir a esta figura. El CJC valora dos opciones: el indefinido no fijo o la usada en el caso del rescate de Alzira, personal a extinguir. Descarta la primera (a la que se puede aspirar sólo tras una sentencia) y se decanta por la segunda. Aunque el Jurídic admite que esta figura es problemática y crea un tipo de personal específico de la Administración que puede perjudicar al resto, acaba concluyendo que es la única opción posible. «De no acudir a esta figura, resultaría necesaria la intervención de los tribunales del orden jurisdiccional social tras la impugnación de los trabajadores». Por ello, es la figura «más acorde».

Eso sí, como ya hizo en su informe anterior, sugiere a la conselleria que articule la subrogación de personal a través de la creación de una mercantil pública, ya que estas se rigen por el derecho laboral y no están sujetas al Estatuto del Empleado Público. En este caso, quedarían como personal fijo de plantilla o temporal.

Con este informe, Sanidad podrá desatascar la reversión de las resonancias (pendiente desde noviembre) y salvar el obstáculo de sus servicios jurídicos. La Abogacía obligó paralizar el proceso ya que cuestionaba el borrador del decreto sobre la subrogación de los trabajadores tras acabarse el contrato con la UTE Erescanner (que lidera Eresa), que lleva 10 años ocupándose de las resonancias en diez hospitales de la C. Valenciana. Para la Abogacía no se daba el caso de sucesión de empresas y solo un juzgado podía determinarlo.

El CJC resuelve así el conflicto a favor de la posición de la Generalitat y deja vía libre para hacer lo propio con Eresa en el Hospital General de València. Tras estudiar el caso de forma detallada, el organismo que dirige Margarita Soler concluye que «puede mantenerse la existencia de una sucesión de empresa tras la reversión del servicio público de resonancia magnética prestado por Eresa, atendiendo a lo establecido en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores».

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