La orden de ayudas públicas impulsada por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas para becar a aspirantes con menos de 30 años y dificultades económicas que buscan convertirse en altos funcionarios podría recibir un aluvión de recursos.
La iniciativa, anunciada el pasado verano en el marco del seminario del Botànic celebrado en Biar y concretada recientemente, tiene por objetivo atraer talento joven a la Generalitat
Tras un proceso público de selección estas personas recibirán una paga mensual de hasta 500 euros (con un máximo de 6.000 euros) con el fin de que puedan dedicarse a estudiar. La paga, aunque no se renueva con carácter automático, podría concederse durante tres años. La medida, sin embargo, no ha sido recibida con agrado por aspirantes que quedan automáticamente fuera de estas ayudas por ser mayores de 30 años.
El malestar llevó a varios de ellos a montar una suerte de foro para consultar de forma conjunta con un abogado. El objetivo último, según fuentes conocedoras de estas reuniones, es ir a los tribunales si, como todo indica, personas mayores de 30 son rechazadas.
En concreto, piensan que el límite de 30 años es discriminatorio, como lo es que uno de los requisitos es estar empadronado en la Comunitat. Según este colectivo, el acceso restringuido a estas pagas tiene como consecuencia que se vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad a la hora de acceder al empleo público. En su opinión, se daría ventaja a los becados por dos factores: la edad y el lugar de residencia.
La orden de ayuda está en marcha después de que la conselleria publicara la letra pequeña de las bases. Junto a los ingresos económicos, se tendrá en cuenta a la hora de seleccionar a los posibles becados su expediente académico, ya que la idea es atraer a la Administración a los mejores expedidentes.
La ofensiva judicial de quienes se sienten marginados con esa medida podría afectar a la orden. Con todo, la convocatoria para las bases reguladoras de estas subvenciones públicas fue dictaminada por el Consell Jurídic Consultiu sin poner pegas legales.
El Consell busca con esta medida facilitar la entrada de savia nueva a la Generalitat, cuya plantilla posee un nivel tal de envejecimiento que, de no poner remedio, acabará generando un colapso. Los datos, tal como se ha puesto de relieve en numerosos informes, son alarmantes.
La propia conselleria que dirige Gabriela Bravo lo recordaba en el decreto en el que cita razones de interés público y social para justificar las ayudas: «Y ello, porque está previsto que en los próximos 10 años se jubilen más de 5.000 empleadas y empleados públicos, lo que supone que a partir del ejercicio 2018 todos los años podrán generarse más de 500 vacantes entre el personal de la Administración de la Generalitat, acercándose a las 800 a partir de 2022 y a las 900 entre los años 2025-2029».
El CSIF trabaja ya en el recurso
Asimismo, el sindicato CSIF va a recurrir este decreto ante los tribunales. Su asesoría jurídica ya está trabajando en el recurso, incluyendo la suspensión de la aplicación de la disposición. «Nuestro objetivo es que no exista ningún agravio en el acceso a la función pública», asegura.
