El cuarenta por ciento de la población mundial vivirá en ciudades situadas en zonas con estrés hídrico en el año 2035. Así lo señalan las previsiones de crecimiento demográfico de las Naciones Unidas, por lo que la sostenibilidad del planeta pasa por la economía circular en el ciclo del agua, además del compromiso social para garantizar el acceso al agua a los segmentos de población más desfavorecidos.

Bajo el lema «No dejar a nadie atrás», en el Día Mundial del Agua se pretende colocar la lupa en el derecho al disfrute del líquido elemento sin discriminación y de forma accesible. Algo en lo que Elena Cebrián, consellera de Agricultura y Medio Ambiente, hizo especial énfasis durante el desayuno organizado por Levante-EMV con el título Agua y Cambio Climático.

«No vamos a tener más agua, por lo que será clave la combinación de recursos», según Cebrián, quien incidía en la necesidad de afrontar de forma eficiente los períodos de sequía y los de lluvias torrenciales. Situación cada vez más frecuente en todo el litoral mediterráneo.

Cebrián realizó una encendida defensa de cómo luchar contra el cambio climático no solo desde la mitigación, sino también con medidas de adaptación. «Hay que gestionar de forma diferente el tema del agua, porque (su escasez) ya no es algo coyuntural sino estructural», advertía, además de recordar que el Consell del Botànic lleva toda la legislatura enfrentándose a situaciones extraordinarias.

«Lo extraordinario ahora es ordinario», enfatizaba. Así, apostaba por «una mayor concienciación social, con nuevas formas de gobernanza, una normativa más agil para aplicar, mejor tecnología e infraestructuras más pequeñas». «Los tiempos de los pantanos han pasado a la historia, la planificación ha de ser diferente y con un nuevo concepto de instalaciones», desgranaba.

En la mesa de debate se sentaron también Manuel Alcalde, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Gari Villa-Landa, responsable de Asuntos Internacionales de Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), Enrique Cabrera Rocher, catedrático de Mecánica de Fluidos del Instituto Tecnológico del Agua-UPV, Francisco Bartual, consejero delegado de Hidraqua, Juan Valero de Palma, secretario general de la Acequia Real del Júcar y Roberto Raga, alcalde de Ribarroja de Turia por el PSPV.

Tarifas más sociales

La ONU coloca la lupa en el acceso al agua para los colectivos más vulnerables, algo en lo que también trabaja Hidraqua en el ámbito de la Comunitat Valenciana. De hecho, lleva varios años promoviendo tarifas sociales al alcance de sus clientes.

Otro de sus objetivos pasa por alcanzar el residuo cero, con la salvaguarda del medio ambiente como máxima. «Hay que ser muy respetuosos con la energía que consumimos, apostar por la renovable y trabajar en reducir la huella de carbono», apuntaba Francisco Bartual, consejero delegado de Hidraqua, empresa que gestiona los procesos de captación del agua, potabilización, transporte y distribución para el consumo ciudadano.

Saneamiento, depuración, devolución del agua tratada al medio natural, así como la reutilización del gas y del fango que se generan durante el tratamiento entran también dentro de las actividades de Hidraqua.

Centro de Innovación Dinapsis

En ese punto, Bartual recordó el trabajo de la compañía en el Plan Director para el uso de agua regenerada en Santa Pola, o el proyecto europeo Guardian para la reutilización de agua en defensa contra incendios forestales, el centro de innovación Dinapsis, la renovación de las redes de distribución de agua potable en la ciudad de Orihuela, o el proyecto para la reutilización y utilización de vertido de agua depurada en la cuenca sur de Rojales.

La necesaria colaboración público-privada fue otro de los temas a debate. El modelo, promovido por la Unión Europea, persigue «la cooperación entre las Administraciones Públicas y el mundo empresarial para garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión o el mantenimiento de una infraestructura o la prestación de un servicio».

Algo en lo que coincidieron los presentes en el desayuno, que también plantearon la necesidad de un regulador único. Uno de los temas recurrentes en la gestión del agua en España, ya que desde diversos ámbitos se reclama con insistencia esa figura que permita la armonización de los niveles de prestación de los servicios.

En la necesidad de una tarifa unificada coincidieron Francisco Bartual y Gari Villa-Landa, que reivindicaron «el regulador único nacional, donde impere el criterio técnico, algo que nos vendría muy bien a todos porque hay mucha administración», en referencia a la central, autonómica, provincial y municipal, todas con competencias en aguas pero sin homogeneización de criterios.«Nos cuesta infinito que los municipios te aprueben una tarifa», reconocía Bartual.

Convergencia suscitó también el estado de las infraestructuras asociadas al ciclo integral del agua, que recibieron el calificativo de «obsoletas» por la mayoría. «Más del 40 % de las redes a nivel nacional tienen más de 30 años de antiguedad», según Bartual. «La situación será grave en pocos años, si no se actúa ya», aseveraba.

Críticos con los criterios UE

Villa-Landa reclamaba «una política del agua y no un uso político del agua». Apreciación en la que hubo unanimidad absoluta. «Hay que ir hacia políticas sectoriales coherentes, con nuevas gobernanzas y una gestión más que buena, porque tenemos un serio problema con las inversiones para infraestructuras y con la renovación», insistía.

Las exigencias de la Unión Europea en su nueva directiva marco también fueron objeto de intenso análisis, ya que se busca endurecer las condiciones de reutilización de las aguas residuales, al elevar las exigencias de calidad. Si se mantienen los parámetros actuales, no se podría utilizar este agua en el regadío.

La responsable de Asuntos Internacionales de AEAS se mostraba muy crítica con los nuevos condicionantes que pretende imponer la Unión Europea para sus estados miembros. «Es algo que encarecerá los costes de forma exagerada, lo cual no nos permite ser muy optimistas, porque estaríamos regando con agua que nos podríamos beber», según Villa-Landa. «Esgrimen problemas de seguridad con los productos agrícolas generados con agua reutilizada y eso nos perjudica a los países del sur», reiteraba.

¿Quién pagará la factura?

Los expertos defienden que no tiene sentido tener que retirar elementos como el fósforo o el nitrato, cuando después los agricultores los reintroducen en forma de abono. «Ese proyecto europeo no va a funcionar porque es demasiado exigente», coincidía Manuel Alcalde, presidente de la CHJ.

«Las normas las hacen los del Norte, pero ¿quién pagará la factura?», momento en el que recordó las cuatro «C» que lleva implícita la reutilización: calidad, coste, concesión y cota. «Las cuentas no salen», soltaba con ironía. Alcalde también recordaba que si ya no se van a hacer grandes embalses, «porque no queda sitio para ello, la reutilización es el único camino» contra la sequía.

Alcalde echaba la vista atrás para recordar que cuando tomó posesión del cargo en agosto de 2018 no había ningún tipo de plan para afrontar los períodos de escasez hídrica tan habituales en el Mediterráneo. «La sequía no debe ser objeto de decreto y no incorporar la prevención en la planificación es una locura», avisaba. «¿Qué podemos hacer? - espetaba- , pues incidir en la reutilización», insistía, para reclamar al mismo tiempo «más lealtad con los organismos de cuenca». «Somos árbitros», recordaba.

Juan Valero de Palma, secretario general de la Acequia Real del Júcar, apostaba «por no incrementar las demandas en los sitios con déficit». «Hay que buscar soluciones estudiando zona por zona, pero sin tener prejuicios ideológicos para encontrarlas», señalaba. Aprovechaba para defender el papel de los embalses. «

Sin ellos los últimos cuatro años de sequía hubieran sido terribles», remarcaba, para colocar sobre la mesa la posibilidad de las desaladoras, pero sobre todo la opción del ahorro.

«Hemos ahorrado 180 millones de metros cúbicos con el riego por goteo y no por gravedad», explicaba, destacando el papel de los agricultores, con la reducción también del 40 % en abonos y el uso de herbicidas, menor consumo de agua del que se ha beneficiado la Albufera, según Valero de Palma. «Estamos supersensibilizados con el tema», apostillaba.

Un recurso escaso que pesa

Enrique Cabrera, por su parte, reclamaba más concienciación. «Nos hace falta educar a los ciudadanos y la clase política», era su radiografía, muy crítica respecto al poco valor que se le da al agua. «No se ha tratado como un recurso escaso, que además pesa y es difícil de transportar, por eso es algo tan local», relataba, para acto seguido pedir mayor eficiencia para poner en servicio agua potable del grifo para beber.

«En la Comunitat Valenciana hay puntos donde no se cumplen los estándares», recriminaba el catedrático. Expertos como él defienden que subir la tarifa ayudaría a minimizar los impactos. «No te puedes quedar sin agua ni aire, por lo que esos recursos se han de poner en valor», según Cabrera.

Roberto Raga, alcalde socialista de Ribarroja de Turia, proclamaba el «importante papel de los ayuntamientos» para reducir los efectos del cambio climático a través de una mejor gestión del ciclo del agua. «Las pequeñas cosas del día a día son las que no debemos olvidar», incidiendo también en la necesaria colaboración entre administraciones y empresas para mejorar la vida de los ciudadanos. «Cooperar es el futuro de los municipios», es el lema que trata de poner en práctica Raga.