El Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta para investigar la posible financiación irregular del PSPV-PSOE, en concreto la adquisición de un inmueble por parte de la Federación Valenciana de Fútbol en 2009 por 525.000 euros, una operación que fue subvencionada al 50 % por el Ayuntamiento de esta localidad.
Según consta en un auto de este juzgado fechado el pasado 11 de marzo, la jueza no aprecia ninguna irregularidad en el procedimiento administrativo para la concesión de dicha subvención, "en cuya tramitación intervinieron representantes de los diferentes grupos municipales, que votaron de forma unánime y sin oposición".
"De las diligencias practicadas y de la documental obrante en autos no se reúnen suficientes indicios para entender que se ha cometido infracción penal alguna, toda vez que, tal y como indica el fiscal, el inmueble está destinado al uso para el que se adquirió y su precio de adquisición está dentro del valor que se le otorgaba en la fecha, según la tasación realizada para obtener la hipoteca", añade el citado auto.
Esta causa fue declarada compleja por el juzgado el pasado mes de septiembre, por lo que se amplió el plazo de investigación a 18 meses.
El inmueble cuya adquisición se ha investigado pertenecía al ex teniente de alcalde socialista de ese Ayuntamiento Antonio Gomar, padre del gerente de la empresa de comunicación Crespo Gomar, Alberto Gomar, que trabajó para el PSPV y varios Ministerios en época de gobierno del PSOE.
En 2006, el inmueble se vendió por 280.000 euros a la mercantil Mora Gomar, administrada por el esposo de una hija de Antonio Gomar, Joaquín Mora, que lo vendió finalmente a la Federación Valenciana de Fútbol por casi el doble de lo que le costó tres años antes.
La investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PSPV-PSOE a través de la empresa Crespo Gomar nace de una denuncia presentada por varios diputados autonómicos del PP, que fue derivada a varios juzgados -por afectar tanto a Ministerios como a Ayuntamientos- y que al menos en lo relativo al Ministerio de Sanidad y al Ayuntamiento de Gandia ha sido sobreseída
