Desahucios a familias con menores en la vivienda, con personas con discapacidad y con mayores de 65 años. Desalojos promovidos por bancos que tienen vacías sus viviendas, por fondos buitre y por particulares. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) València se concentró ayer ante la Conselleria de Vivienda para denunciar entre 16 y 20 casos en la Comunitat Valenciana de «una gravedad extrema» cuyo tiempo de espera acabó porque la orden de desahucio es inminente. Y con el lanzamiento, esas familias vulnerables se quedarán en breve sin techo alguno, sin que se haya tenido en cuenta su situación ni se haya encontrado para ellos una solución habitacional.
«La realidad es que no hay viviendas sociales disponibles ni posibilidad de alquileres sociales, lo vemos a diario, lo denunciamos a diario, nos movilizamos a diario, los paramos a diario y ya es momento de decir basta y exigir otra política de vivienda donde se obligue a los bancos a ceder los pisos que tienen vacíos para alquileres sociales. Con la banca no sirven las buenas intenciones ni las buenas palabras. Ya han dicho que no tienen intención alguna de devolver los 65.000 millones de euros del rescate a la banca, pues que lo devuelvan en espacie y esas viviendas pasen a formar parte del parque público de viviendas. Jueces y bancos desahucian a familias vulnerables con niños y discapacitados». Así habló ayer José Luis González, portavoz de PAH València, tras asegurar que la PAH debe «diseñar ahora una estrategia y señalar a quienes no tienen intención alguna de cambiar una ley de la vivienda que protege a la banca y permite tirar a la calle a niños, a ancianos, a personas con discapacidad y familias vulnerables que no tienen opción a una vivienda pública ni a un alquiler social».
La PAH se concentró ayer ante la puerta de la Conselleria de Vivienda y, ante la ausencia de la conselleria Maria José Salvador (estaba en Castelló), el subsecretario de Vivienda, Francesc Signes, bajó a «dar la cara», a explicarle a los afectados «que esta conselleria está trabajando mucho para ampliar el parque público de vivienda que estaba desmantelado cuando llegamos», por lo que emplazó a la PAH a una reunión posterior para estudiar esa veintena de casos que no pueden esperar.
El drama que no cesa
Levante-EMV entrevistó ayer a cuatro familias que viven con la angustia de quien sabe que está a punto de perder su casa. Ellos son algunos de los rostros de una drama que cada trimestre se cuenta en cifras del Consejo General del poder Judicial (CGPJ) y demuestra que los desahucios van a más y se ceban con los más vulnerables. Sin que importe su situación actual y sin que exista una solución habitacional para ellos. Aunque tengan menores. Aunque vayan en silla de ruedas y no les sirva «cualquier piso», estén enfermos o caminen con muletas.
Antonia Tirado tiene 31 años, es víctima de violencia machista, tiene tres hijos (de 15 meses, 7 y 8 años) y una discapacidad reconocida del 85 %. Vive con una pensión no contributiva de 370 euros y un contrato de alquiler de 450 euros. Mientras su pareja tuvo trabajo se apretaron el cinturón, pero cuando lo perdió en agosto de 2018, la familia dejó de pagarle a la casera el alquiler. O comer o pagar el alquiler. Las cuentas no cuadran. El 1 de febrero debían abandonar la vivienda, pero el juez les concedió dos meses más de plazo, así que la nueva fecha es para el 1 de abril. «Me ofrecieron un piso en Manises, justo enfrente de mi maltratador y, por supuesto, la rechacé porque tengo una orden de alejamiento que finaliza este sábado después de 4 años. Nos tiran a la calle ¿y dónde vamos? Necesito una vivienda adaptada y tengo tres hijos», explica la joven.
A su lado, Juan Guillot asiente y asegura que «esta familia debe ir antes que yo porque ellos tienen críos pequeños». Él vive solo, en una finca ocupada del barrio del Cristo donde ya solo queda él. Malvive desde que en 2013 fue víctima de un desahucio en Elx. Vivió durante meses frente a una conselleria (complejo administrativo Nou d'Octubre) que vio inaugurar. Tiene una pensión de 600 euros. Necesita muletas para moverse y es víctima de la estafa de Idental, quien le embarga 100 euros todos los meses de su pensión por una boca que está destrozada. No entiende cómo el banco quiere recuperar un piso «que está en unas condiciones deplorables y en el que yo vivo por absoluta necesidad».
Ni cobrando la nueva renta
Sebastián Belzunce es de Gandia, tiene 43 años y tres hijos de 11, 13 y 18 años. La familia vive en una casa ocupada que reclama su propietario, una entidad bancaria. El pasado martes se iba a celebrar el juicio pero el banco no se presentó y Sebastián no pudo exponer su propuesta: pagarle a ese banco un alquiler social. Sebastián es uno de los titulares que ya recibe la Renta Valenciana de Inclusión (825 euros) pero necesita tener una vivienda «legal» como requisito para seguir cobrándola. Y no la encuentra. El dinero que recibió con el cobro retroactivo de la ayuda lo invirtió en esa vivienda. «Vivíamos sin encimera, sin horno, sin cristales... Solo quiero decirle al banco que le pago un alquier social o encontrar un piso que no me cueste 500 euros al mes, porque el alquiler está muy caro», explica.
A Mónica Guedes la desahuciaron el 7 de enero. Sus hijos (de 18 y 24 años) ya han cumplido la mayoría de edad «y no son prioritarios para el sistema». La familia vive desperdigada. La madre duerme en casa de una amiga, el hijo mayor en el piso del abuelo de otro amigo que le han dejado «de forma provisional y del que tiene que salir en breve», y el pequeño con otros amigos que viven en un piso de estudiantes, con un colchón en el suelo. «Hay tantos casos... Los veo a mi alrededor y entiendo que ellos vayan delante de mí... Si tiene nenes pequeños o son personas mayores, pero ¿y mis hijos? ¿y yo? Solo cobro 200 euros y estoy hundida. La respuesta siempre es que no hay vivienda para mí».
Coraima Santiago, de 23 años, vive en una vivienda ocupada, propiedad de un fondo buitre que amenaza con dejarla en la calle con sus tres hijos (1, 3 y 6 años). El juez paralizó el desahucio, «pero solo por unos días y vivo desesperada. Solo queremos un techo».
