Jornada de malos datos para las cuentas públicas de la Comunitat Valenciana. Justificables, según el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra, pero reveladores de la situación económica de una autonomía que, a diferencia de otras, no puede ni plantearse con acudir a los mercados para financiarse y depende del oxígeno que le presta el Gobierno central a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), fundamentalmente.
La deuda pública de la C. Valenciana ascendió a 47.084 millones de euros en 2018, lo que supone el 41,7 % del PIB. Lo positivo es que es esta tasa se ha reducido en siete décimas respecto al año anterior. Es el segundo ejercicio consecutivo que sucede este hecho, algo que no pasaba desde antes de la crisis (2007). Lo negativo es que esta contención porcentual de la deuda no evita que la C. Valenciana sea la que presenta peores registros en toda España.
En términos absolutos, la deuda pública se sitúa al cierre de 2018 en 47.084 millones (46.187 el año anterior), según los datos ofrecidos ayer por el Banco de España. Significa el volumen de más de dos presupuestos anuales de la Generalitat. Para que se entienda mejor: supone que cada valenciano (hay casi cinco millones) debería 9.515 euros.
No siempre ha sido así. En 1994, la deuda per cápita era de 586 euros. O sea, se ha multiplicado por veinte en 25 años. No ha parado de crecer, pero es a partir de 2008 cuando se dispara de forma incontrolada. Es, por tanto, en el periodo de crisis y recortes cuando la infrafinanciación se ha hecho más evidente. El hecho de que sea cubierta mediante créditos del Gobierno (los desembolsos del FLA) produce el crecimiento importante de la deuda.
En total, la deuda pública aumentó en 2018 en cuatro comunidades en datos absolutos. La valenciana es una de ellas.
Hasta aquí, el lastre de la deuda. Pero el Ministerio de Hacienda hizo públicos también ayer los datos del déficit.
La Comunitat Valenciana registró un déficit del 1,29 % del PIB en 2018, el segundo más elevado de todas las comunidades autónomas y por encima del objetivo del 0,4 % fijado para el año pasado. Lo multiplicó por tres.
Murcia presenta un dato en relación al PIB aún peor (el 1,34 %), pero el desfase absoluto entre ingresos y gastos de la C. Valenciana es el más elevado: 1.456 millones. No hay otra autonomía con unos números de un rojo tan intenso. La cifra es peor que la de 2007, ejercicio que se cerró con un déficit de 888 millones y un 0,82 % en relación al PIB.
¿Qué ha pasado? Que la financiación de la C. Valenciana por parte del Gobierno central empeoró en 2018, explicó ayer el conseller de Hacienda, Vicent Soler. El ministerio regido por Cristóbal Montoro (PP), que fue el que hizo la asignación de fondos, solo asignó un incremento en los fondos de 110 millones, «el menor de todas las autonomías», dijo. Contrasta con el aumento de 993 millones en 2017 y de 1.022 en 2016.
El argumento del Gobierno valenciano es que gasta por habitante menos que la media de las comunidades, lo que «evidencia que nuestro problema no es que gastemos más, sino que no tenemos una financiación suficiente para atender los servicios públicos de los ciudadanos», afirmó Soler. «La Comunitat Valenciana tiene un problema de ingresos, no de gastos. Gastamos por debajo de la media del conjunto de autonomías», insistió.
El problema gira entonces sobre la infrafinanciación, el núcleo de la agenda valenciana esta legislatura, cerrada sin avances importantes en esta materia a pesar de la presión social y la unidad política. Pedro Sánchez prometió esta semana un Pacto de Estado para reformar la financiación autonómica.
