Los peritos de la Agencia Tributaria y los asesores fiscales de la empresa Transvía que han declarado como testigos en el juicio contra el exvicealcalde de València Alfonso Grau han expuesto criterios distintos sobre el origen de los relojes que el político habría recibido del dueño de la citada empresa.

Mientras que dos funcionarias de Hacienda han sostenido que los dos relojes que Grau devolvió y utilizó como medio de pago para la compra de otros más caros fueron los mismos que días antes había comprado Urbano Catalán (Transvía), los peritos de las defensas han considerado "imposible" certificar la "trazabilidad" de esos artículos porque el sistema contable de la joyería no lo permitía.

La cuarta sesión del juicio ha contado, además, con la declaración del asesor fiscal de Grau, quien ha explicado que el ex número dos de Rita Barberá presentó declaraciones de renta complementarias en 2010, 2011 y 2012 por importes satisfechos en metálico en la compra de relojes, aunque lo hizo para "pacificar una situación que le resultaba incómoda por el cargo que ostentaba", pues realmente decía que esos relojes eran regalos familiares.

Este asesor ha insistido en que el "flujo monetario" del que disponía Grau era "más que suficiente para permitirse no uno, sino varios relojes" de alta gama "holgadamente".

Sin embargo, ha admitido que, a pesar de que la Agencia Tributaria requirió a Grau en varias ocasiones que acreditase cómo había pagado dichos relojes, finalmente no lo hizo porque no disponía de pruebas "contundentes", es decir, una "declaración patrimonial que indicase el efectivo del que disponía o un acta notarial sobre el dinero que guardaba en su domicilio".

La Fiscalía sostiene que Urbano Catalán regaló a Grau el 29 de diciembre de 2010 un reloj Breguet Classique, valorado en 13.520 euros y un Piaget Polo valorado en 11.575 euros el 28 de diciembre de 2011.

El político devolvió el primero para comprar un Lange de oro de caballero por importe de 25.680 euros y el segundo para adquirir un Vachever Patrimony que costaba 16.825 euros, que pagó con la devolución de los relojes regalados más efectivo.

Las funcionarias de Hacienda han explicado que la inspección a Grau tuvo su origen en una actuación general sobre las joyerías Rabat, en la que se obtuvo información contable sobre clientes que hacían compras reiteradas en efectivo o personas cuyas compras no se correspondían con su nivel de rentas.

Estas inspectoras requirieron información a la tienda sobre el seguimiento de inventario de cada reloj y también pidieron a Transvía que justificase la compra de los relojes, motivo por el cual la empresa se vio obligada a presentar también declaraciones de renta complementarias, ya que ese gasto no se admitió como deducible, por no estar relacionado con la actividad económica.

En anteriores sesiones, exempleados de Transvía afirmaron que la empresa les regalaba relojes cuando se jubilaban, y al respecto estas funcionarias de Hacienda han considerado que "no es razonable hacer un regalo de 25.000 euros".

Han admitido que el precio que supuestamente pagó Urbano Catalán por uno de los relojes no coincide con el precio que se abonó a Grau cuando, al parecer, devolvió ese reloj (hay una diferencia de 240 euros que un directivo de Rabat atribuyó a un error del dependiente a la hora de hacer el abono sin tener en cuenta el descuento en la compra) y por eso solicitaron un registro de inventario a Rabat.

"Es evidente", ha señalado una de las funcionarias de Hacienda, "que los relojes eran los mismos. Hablamos de relojes que no se venden todos los días; son piezas contadas, no era buscar una aguja en un pajar".

Por el contrario, los peritos convocados por las defensas han insistido en que "el inventario" remitido a Hacienda por la joyería "no tiene el más mínimo valor, es una hoja Excel que se puede hacer en media hora por cualquiera y no aporta documentación que soporte los datos expresados".

Asimismo, han considerado "absurda" la tesis de que no se tuviese en cuenta el descuento aplicado en la compra a la hora de devolver el reloj y apuntado la posibilidad de que la joyería hiciese ventas en efectivo, posiblemente a clientes de fuera de la UE que tienen derecho a la devolución del IVA, que posteriormente habría imputado a clientes habituales.