El Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm ha archivado la causa que investigaba la adjudicación de los opinómetros adjudicados en 2010 a una empresa participada por la mercantil de Gandia Crespo Gomar SL, presuntamente sospechosa de haber financiado ilegalmente al PSPV y Bloc. Tras el archivo de la causa abierta en Benidorm ya se han sobreseído provisionalmente las cuatro piezas en las que se dividió la investigación inicial realizada por el Juzgado de Instrucción 21 de València por la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc, denunciada por el Partido Popular tras recibir una documentación de forma anónima.
El Juzgado de Instrucción 21 comprobó la veracidad de la información aportada por el PP, aunque tras un año de pesquisas y con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción, decidió declararse no competente para investigar los hechos cometidos fuera del partido judicial de València, por lo que se inhibió en favor de cuatro juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid para que investigaran contratos de la empresa Crespo Gomar SL con los ministerio de Vivienda y Sanidad, el Ayuntamiento de Gandia y el Ayuntamiento de Benidorm. En poco más de un años los cuatro casos han acabado archivados por los respectivos juzgados en los que recayeron las investigaciones.
En el caso de Benidorm, se investigaban la adjudicación de los opinómetros, unos aparatos para testar la opinión ciudadana contratados por el ayuntamiento de la población de la Marina Baixa por un valor de total de 288.000 euros. El proyecto se benefició en parte a partir de 2009 del conocido como Plan E del Gobierno dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero.
Sobre este contrato, en el auto de la magistrada de Instrucción 1 de Benidorm se señala que «ningún reproche penal puede surgir del resultado de las actuaciones practicadas, ni se aprecia la necesidad de práctica de ulteriores diligencias de investigación, ante la inexistencia de indicios de criminalidad» por lo que la jueza acuerda el «sobreseimiento provisional de las actuaciones al no ser los hechos constitutivos de infracción penal».
En esta causa habían declarado como investigados los administradores de Opino Media SL, Alberto Gomar Pascual y Carlos Bisquert Martínez, aunque la jueza considera que «no resultan indicios suficientes de criminalidad toda vez que de la declaración prestada y a la vista de la documental obrante en los autos, no existió sobrecoste en la cantidad facturada por la mercantil al Ayuntamiento de Benidorm por la instalación de los opinómetros, ni por la contratación de cuatro personas durante doce meses».
También estaba imputado Agustín Navarro Alvado que «como alcalde intervino en la adjudicación del contrato» aunque la magistrada señala que «vista la documentación y declaraciones de los investigados resulta que dicha adjudicación se hizo conforme a la propuesta de la mesa de contratación, no desprendiéndose irregularidad penal en su proceder. Como tampoco se aprecia irregularidad alguna en la actuación del coordinador de atención ciudadana, Francisco Dénia Sánchez».
La magistrada de Instrucción 1 de Benidorm tampoco aprecia responsabilidad penal en la participación de los miembros de la mesa de contratación, la presidenta y concejala delegada de contratación, Mariola Fluvià Peiró, ni por parte del técnico del departamento de contratación, Javier Torregrosa Lillo, «ajustándose en su composición y funcionamiento al pliego de condiciones particulares» y la proposición de adjudicación a «los informes técnicos que obran en el expediente de contratos del sector público».
El auto no es firme y puede recurrirse ante el juzgado en un plazo de tres días.
