El exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, y su círculo cercano de colaboradores en las siete conselleries que ocupó (Marc Llinares, Tina Sanjuan y José Maria Felip) han admitido este jueves ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia de València el desvío de las ayudas a la cooperación.
La confesión de los principales encausados en esta causa, pactada sólo con la Fiscalía Anticorrupción, como ha contado Levante-EMV estas últimas semanas, no les evita la celebración del juicio que ha continuado.
El escrito de conformidad supone que el siete veces conseller admite haber malversado y prevaricado en la gestión de la concesión de las ayudas a la cooperación, aunque al haber alcanzado un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción logra reducir la pena de 16 años de cárcel a tres años y seis meses.
No obstante, al celebrarse el juicio, el Fiscal Anticorrupción del caso ya advirtió que estas penas podían aumentarse tras la celebración de la vista.
Blasco también ha aportado dos bienes inmuebles tasados por su representante legal en unos 800.000 euros con los que resarcir su responsabilidad civil, que también deberá acordarse tras el juicio por las piezas dos y tres del caso que ha acabado llevando su nombre.
Del resto de acusados, José María Felip, exdirector general de Cooperación, admite 1,5 años de prisión, cuando la petición inicial para él era de siete años. Respecto de Agustina Sanjuan, la fiel secretaria general administrativa de Blasco durante años, también logra rebajar de 4 a 1,5 años la pena de cárcel impuesta, tras admitir los hechos. Igualmente, Marc Llinares, exjefe de área de Cooperación de la Conselleria de Solidaritat, logra rebajar de 16 a 3 años y nueve meses de cárcel tras el acuerdo con el fiscal.
Por último, Augusto César Tauroni, el empresario fetiche de Blasco y fundador de la Fundación Hemisferio también admite haberse beneciado del desvío de las ayudas por lo que ha aceptado 3 años y 6 meses de prisión y una multa de 40.000 euros, aunque inicialmente la Fiscalía reclamaba 21,5 años de cárcel.
A pesar de estos acuerdos los magistrados de la sección quinta de la Audiencia de València han decidido que prosiga el juicio, con la práctica de la prueba que reclamen la Generalitat y la coordinadora valenciana de ONGD, que ejercen la acusación particular y popular en esta macrocausa que juzga el presunto desvío de las ayudas a la cooperación a países empobrecidos y para la construcción de un hospital en Haití, que no llegó a construirse.
El tribunal ha llamado a declarar a la silla de los acusados a los principales inculpados pero todos se han acogido a su derecho a no declarar ni a ser preguntados por los abogados de la Generalitat y la coordinadora valenciana de ONGD.
En el caso de Blasco, el exsiete veces conseller ha respondido con cinco monosílabos, cinco síes, en los que admite haber consentido la malversación, la prevaricación y la falsedad documental en la tramitación de expedientes de las ayudas a la cooperación, aunque en el escrito previo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción se eliminaba que fuera para beneficio personal y derivaba a Tauroni la acusación de enriquecimiento personal.
