24 de mayo de 2019
24.05.2019
Tribunales

Blasco irá a juicio pese al pacto con la Fiscalía para rebajar las penas

Admite la malversación, entrega dos bienes inmuebles valorados en 800.000 euros pero logra que no se aluda a su enriquicimiento personal

24.05.2019 | 00:39
Blasco irá a juicio pese al pacto con la Fiscalía para rebajar las penas

El exconseller Rafael Blasco y su equipo de fieles en los distintos departamentos que dirigió admitieron ayer finalmente haber malversado y prevaricado en la gestión de las ayudas a la cooperación, tras ocho años de instrucción. La confesión de los hechos incluye la entrega de bienes o el pago de cantidades en metálico para resarcir parte del dinero desviado. A cambio de admitir los hechos y entregar dinero en metálico o propiedades como dación en pago, la Fiscalía Anticorrupción les ha impuesto penas de cárcel más reducidas. Y también más acordes con el límite legal impuesto en las instrucciones que se investigan y juzgan por separado, pero que en realidad son una misma causa.

En el caso de Blasco, la pena máxima que puede cumplir de cárcel por el desvío de las ayudas a la cooperación son nueve años (una cifra que se calcula multiplicando por tres el delito más grave por el que fue condenado en el juicio de la primera pieza: tres años por malversación). De ahí la pena de tres años y seis meses de cárcel pactada con la Fiscalía Anticorrupción, que también incluye la entrega de varias propiedades inmobiliarias por valor de un mínimo de 800.000 euros, en calidad de responsabilidad civil, cuyo montante aún no está decidido en este segundo juicio. A cambio, Blasco admite haber cometido los delitos de malversación, prevaricación y falsedad en documento mercantil. Aunque logra que no se le acuse de asociación ilícita y que se retire la acusación de haberse enriquecido personalmente con el desvío de las ayudas. Inicialmente, el exconseller se enfrentaba a dieciséis años de cárcel.

Blasco aceptó con cuatro escuetos «sí» los hechos y delitos que se le imputan desde hace una década y que nunca había reconocido hasta ahora. Un giro en su estrategia de defensa que, según ha explicado él mismo a Levante-EMV en los recesos del juicio que comenzó el 15 de abril, ha tomado para intentar pasar página y saldar definitivamente sus cuentas con la justicia.

El resto de «Blascoacólitos» también han conseguido «atemperar la respuesta penal al esfuerzo reparador para resarcir las arcas de los perjuicios ocasionados», en palabras de la Fiscalía. José María Felip, exdirector general de Cooperación, admite 1,5 años de prisión, cuando la petición inicial para él era de siete años. Respecto de Agustina Sanjuan, la fiel secretaria general administrativa de Blasco durante años y años, también logra rebajar de 4 a 1,5 años la pena de cárcel impuesta, tras admitir la malversación y prevaricación. Igualmente, Marc Llinares, exjefe de área de Cooperación de la Conselleria de Solidaritat, logra rebajar de 16 a 3 años y nueve meses de cárcel tras admitir los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción y entregar una vivienda en Dénia. Llinares, que fue absuelto en la primera pieza del caso Blasco, admite ahora haber cometido los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad, asociación ilícita y cohecho.

Por último, Augusto César Tauroni, el empresario fetiche de Blasco y fundador de la Fundación Hemisferio también admite haberse beneciado del desvío de las ayudas por lo que acepta 3 años y 6 meses de prisión y una multa de 40.000 euros, aunque inicialmente la acusación pública le reclamaba 21,5 años de cárcel.

Del resto de acusados, cinco han logrado conformidades totales con las tres acusaciones: Pública (Fiscalía), particular (Generalitat) y popular (coordinadora valenciana de ONGD), otros cinco con la Fiscalía y la Generalitat y sólo siete con la Fiscalía. Sólo seis procesados no han alcanzado ningún tipo de conformidad.

A pesar de estos acuerdos los magistrados de la sección quinta de la Audiencia de València decidieron que prosiga el juicio, con la práctica de la prueba que reclamen la Generalitat y la coordinadora valenciana de ONGD. El tribunal hizo pasar por «la silla de los acusados a los principales inculpados pero la mayoría se acogieron a su derecho a no declarar.

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