Un curso intensivo de violencia de género de tres días de duración es la fórmula ideada por la Jefatura Superior de Policía de València para paliar la falta de formación y experiencia de los ocho policías nacionales trasvasados a la Policía de la Generalitat para ocupar las vacantes de la comisaría integral de violencia de género que la Conselleria de Justicia puso en marcha en abril en la Ciudad de la Justicia de València. Tal como informó ayer Levante-EMV, varios sindicatos policiales denunciaron el martes la incorporación de ocho agentes sin experiencia alguna en instrucción de atestados y denuncias y sin formación en violencia machista tras un proceso selectivo plagado de polémica.
De hecho, se trata de agentes procedentes de servicios tan poco relacionados con su futuro cometido como las unidades antidisturbios, los radiopatrullas o las labores administrativas de una secretaría.
Ante las críticas de los sindicatos, la Jefatura Superior de Policía de València aseguró el martes, a preguntas de este diario, que para seleccionar a los ocho candidatos, en su mayoría hombres, se habían tenido en cuenta «criterios de mérito y objetivos», sin especificar ni unos ni otros. Tampoco el de antigüedad ha sido uno de los requisitos que se han tenido en cuenta.
Las mismas fuentes reconocieron que los ocho aspirantes seleccionados por la propia jefatura carecen de formación en violencia de género y de experiencia en la tramitación de atestados -muchos ni siquiera disponen de las claves personales de acceso al programa de elaboración de diligencias porque no era ese su cometido hasta ahora- y esgrimieron que, para corregir ese factor, «se ha programado un cursillo intensivo de tres días». Las clases están siendo impartidas por personal de la división de formación y por responsables de la unidad de familia y atención al menor (UFAM), especializada en violencia de género, entre otros delitos.
Fuentes de la Generalitat explicaron ayer a este periódico que, además del curso impartido por la Policía Nacional, los futuros integrantes de la oficina de denuncias de violencia de género recibirán formación continua. En todo caso, las fuentes remarcaron que «lo único cierto en este momento es que esos ocho policías han pasado a formar parte de la unidad adscrita, pero no es definitiva su adscripción a la oficina», ya que, para eso, deberán dar «el perfil adecuado para ese cometido fijado» por los responsables de la policía autonómica, quienes tendrán la última palabra para decidir quién entra en la comisaría y quién no.
Eso sí, de momento, los ocho están recibiendo desde ayer la formación en la jefatura de policía, por lo que, en principio, estaba previsto que todos ellos se incorporasen a la oficina de la Ciudad de la Justicia, salvo cambios de última hora.
Los ocho agentes fueron elegidos de entre más de 400 aspirantes que presentaron, tal como estipulaba la convocatoria de plazas «para la oficina de violencia de género», su currículum profesional. Aunque el texto no lo especificaba, el hecho de que hayan sido seleccionado ocho agentes sin experiencia ha generado sorpresa y protestas entre los distintos sindicatos policiales, máxime cuando cada uno de ellos acabará cobrando una media de 480 euros más al mes, resultantes de sumar el complemento por la especialidad de violencia de género y el de ingresar en la plantilla de la unidad adscrita a la Generalitat.
60 mujeres en menos de dos meses
La selección final tendrá en cuenta que las nuevas incorporaciones se integren sin estridencias en el equipo inicial, formado por siete agentes femeninas y una subinspectora de la Policía de Generalitat, que han recibido la felicitación de jueces de Violencia sobre la Mujer y de la fiscal coordinadora de la especialidad por los resultados y la «alta calidad de los atestados» y el trabajo desarrollado hasta ahora.
Hasta hoy, ese equipo ha atendido a unas 60 mujeres víctimas de violencia machista y ninguna de ellas ha renunciado posteriormente al proceso judicial, uno de los objetivos que buscaba la creación de esta oficina, proyecto personal de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.
Precisamente por esa razón, la oficina, pionera en España, nació con un concepto integral, por lo que alberga todos los servicios que la ley oferta a una víctima de malos tratos en el momento en que se decide pedir ayuda. El hecho de que la comisaría, ubicada físicamente en la Ciudad de la Justicia, disponga no solo de policías que la atienden y asesoran en el trámite de la denuncia, sino también psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y médicos forenses, es la clave para que la víctima no se descuelgue del proceso en el ir y venir a las distintas administraciones.
