La Generalitat ha calculado que las ONG vinculadas a la presunta trama organizada por el empresario Augusto Tauroni para acceder a ayudas de cooperación al desarrollo ascendieron a 3,5 millones de euros, según confirmó ayer en la vigesimo séptima sesión del caso Blasco la actual subdirectora de Cooperación de la Generalitat y jefa de servicio de esta misma área desde 2013, Lourdes Sanchis, que compareció como testigo.

Una cantidad que la Generalitat ha obtenido al sumar las cantidades concedidas a las ONG de la trama, aunque no todos los expedientes fueran requisados en los registros realizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fisca (UDEF) de la Policía durante la instrucción del caso, dirigida por el Juzgado de Instrucción 21.

A la cantidad de 3,5 millones, el Consell suma los intereses por lo que la cantidad que reclamará ascenderá a un mínimo de «siete millones de euros por todos los expedientes». Cuando la testigo verbalizó esta cantidad en respuesta a las preguntas de la Abogacía de la Generalitat, los abogados de las defensas se revolvieron en sus asientos. La cantidad defraudada es, de hecho, el quid de la cuestión del juicio por el desvío de las ayudas a la cooperación, una vez la mayoría de acusados ha reconocido los hechos, pero no el dinero desviado. De hecho, la mayoría de procesados defiende ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia de València que juzga estos hechos que los trabajos sí se realizaron pero no han podido justificar los gastos por la documentación incautada en los registros por lo que, aseguran, la cantidad a devolver sería mucho menor.

Y a ello se emplearon los letrados de las defensas durante el interrogatorio a la subdirectora de Cooperación e integración a la que asaetearon a preguntas. «¿Cómo cerraron los expedientes requisados por la justicia? ¿Han tenido en cuenta el gasto realizado en los trabajos reales? ¿Se dio traslado a las ONG del informe de la Abogacía que permitía cerrar el expediente?».

El juez se interesa por el sistema

Tantas dudas plantearon que el presidente del tribunal se interesó por la fórmula administrativa usada para cerrar los expedientes judicializados (cerrados en 2015, 2016 y 2017). «¿Recibieron un auto o providencia que los autorizaba a tramitar los expedientes?», preguntó el magistrado José Antonio Mora. «Consultamos al Juzgado de Instrucción 21 y nos contestaron en un oficio que podíamos continuar con los expedientes», explicó la subdirectora de Cooperación.

La exjefa de servicio de la Conselleria de Solidaridad, Amparo Ortiz, también relató ayer las presiones que recibió para aprobar la convocatoria de subvenciones de 2010. «Hasta que no la firmé no me permitieron abandonar mi puesto de trabajo en la Conselleria de Solidaridad», explicó la funcionaria.

Ortiz fue, junto a Collado y otras trabajadoras, quienes sospecharon de los proyectos presentados por la trama: «entidades sin trayectoria que salían muy bien puntuadas con proyectos repetidos a los que sólo cambiaban la fecha, o con cosas raras como muchos invernaderos... Vimos que no estaba claro», declaró. Tras la dimisión de Collado, Ortiz pidió «que me cesaran, pero no me dejaron y me presionaron hasta que firmé y me pude ir a mi nuevo destino» que fue la Abogacía de la Generalitat.