Tras casi medio siglo de peajes para transitar por la principal vía de comunicación de la Comunitat Valenciana, residentes y visitantes afrontan el último verano con barreras en la AP7. Es el postrero agosto antes de que el 1 de enero de 2020 desaparezcan las casetas de pago y los 473 kilómetros entre Tarragona y Alicante sean transitables como el resto de carreteras de la red viaria. La Comunitat Valenciana es hoy, tras Cataluña, la autonomía con más peajes de España.
La primera consecuencia de la eliminación de barreras será económica. El usuario se ahorrará los cerca de 50 euros del trayecto: 17,60 entre València y Sant Joan d'Alacant (hasta 26 en vehículos pesados) y 28,3 de Sagunt a Tarragona, 39 para vehículos pesados. Es difícil calcular lo pagado estos años, pero según los datos del Ministerio de Fomento la intensidad media diaria es de 45.000 vehículos en los dos tramos, València-Alicante y València-Tarragona. La hipotética cifra se multiplicaría por 48 años de actividad desde que en aún en la dictadura se otorgará la primera concesión, en julio de 1971, una licencia que los tres partidos que gobernaron en democracia (UCD, PSOE y PP) prorrogaron hasta 2019.
Para los municipios que durante casi medio siglo han convivido con la autopista asumiendo el paso por sus cascos urbanos de la vía gratuita alternativa (la N332), la eliminación de los peajes es oxígeno puro. Menos atascos, menos contaminación y más posibilidad de atraer empresas por menor coste, según resumen los alcaldes afectados.
El emblema de municipio damnificado es Oliva, que recibe el paso de 30.000 vehículos diarios, el 15 % de ellos camiones. Su alcalde, David González, lo resume con estas palabras: «Ruido y suciedad. Tenemos todos los límites de contaminación acústica disparados, nos hemos desfondado en pedir el fin de los peajes; ahora sabemos que será liberada pero no si se establecerá algún tipo de tasa; la liberalización de AP7 es fundamental para una futura circunvalación».
Otro municipio encajonado por el tráfico de la N332 es Bellreguard. Su alcalde, Àlex Ruiz, analiza la situación: «Somos un pueblo partido en dos: todo está condicionado por el cruce de la carretera, tenemos 32 veces más contaminación de la que marca la OMS, nos afecta en el día a día, el tráfico pesado es insoportable, las casas pierden valor, ha habido atropellos mortales y a una vivienda los camiones le han arrancado tres veces el balcón», explica Ruiz, que añade que los vecinos aún son escépticos sobre el peaje.
«Hasta que no lo vea no me lo voy a creer», señala el alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell. «Nadie nos ha dicho nada oficialmente», lanza el alcalde, que reclama un trato igualitario porque la AP7 «es carísima y nos cuesta un dineral; no sería justo para los valencianos seguir pagando, queremos como ser como el resto de españoles», dice.
El alcalde de Alqueria de la Comtessa, Voro Femenia, sostiene que no solo mejorará la calidad de vida, sino que el municipio y la comarca entera podrá convertirse en polo de atracción empresarial, con el reclamo del menor coste.
José Vicente Sánchez, profesor de Geografía de la Universitat de València, cree que la gratuidad de la AP7 supondrá un cambio total en la movilidad de comarcas enteras como las Marinas, la Safor o la Ribera. Augura que se va a vertebrar mejor el territorio al favorecer los desplazamientos, lo que «reequilibrará los tráficos» entre la autopista y la N332, que probablemente seguirá resultando más cómoda para los trayectos cortos.
Admite que la AP7 «se densificará», pero cree que «no más que otras» y, además, «la reducción del tráfico y del ruido en los cascos urbanos mejorará la seguridad vial y la calidad de vida». Además, las travesías dejarán de ser carreteras para convertirse en avenidas con comercios y servicios. Por todo esto, considera que la gratuidad será positiva desde el punto de vista de la ordenación del territorio y pondrá fin a un agravio comparativo con otros territorios, según señaló en declaraciones a Información recogidas por Antonio Teruel.
La consecuencia será también económica para la firma Abertis, cuya operadora Aumar gestiona el trazado entre Alicante y Tarragona. Según datos de 2018, Aumar (que también controla la AP4 en el tramo Sevilla-Cádiz) ganó 165 millones de euros. La AP7 representa un tercio de su facturación.
Un efecto más del cambio que se avecina será la inmediata ampliación de la densidad del tráfico en el vial de la AP7, en cuanto la carretera pase a ser gratuita. La empresa, Abertis, deberá hacerse cargo de la eliminación de casetas en los días siguientes a la apertura para evitar el efecto retención que pueda producirse por la infraestructura, aunque ya no se cobre el peaje.
La idea del Gobierno es ampliar el tronco de la autopista, de modo que pueda pasar de dos a tres carriles en los puntos de mayor tráfico. Además, el aumento de vehículos pesados obligará a reforzar el pavimento, apuntan desde el Ministerio de Fomento. También se estudia la posibilidad de acometer nuevas conexiones con la AP7, como en Alzira u Oliva y la Conselleria de Movilidad ha pedido una decena más. Esta semana, el Gobierno puso en marcha los primeros contratos para la conservación y además licitará un estudio específico sobre la densidad de tráfico.
Fomento, aunque ha recibido presiones para que aplique algún tipo de peaje, de tipo disuasorio o para trayectos largos, rechaza esa posibilidad porque es algo que no se aplica al resto del territorio español y crearía un agravio a los valencianos, que ya han convivido durante medio siglo con el peaje.
En las últimas semanas, los empresarios del sector turístico, especialmente en Alicante, han pedido peajes para evitar que la carretera se colapse. Son la principal voz crítica con la supresión de las barreras. Uno de los sectores que se ha plantado contra los hosteleros es del transporte, que, por contra, será uno de los más beneficiados.
