Cientos de festeros de la Comunitat Valenciana han renunciado a disparar en los actos de pólvora de las fiestas de moros y cristianos en los últimos 5 años. Los motivos se hallan en el aumento de la burocracia y de las medidas de seguridad que conllevó la aprobación y publicación el 4 de marzo de 2017 de la nueva ITC 26 que regula la celebración de manifestaciones festivas con uso de armas de avancarga y pólvora negra; y en el incremento «desmesurado y abusivo» de hasta el 300% del precio del explosivo desde 2006 a esta parte.
Desde que en 2017 se puso en marcha el nuevo reglamento de explosivos, cuya moratoria finaliza este año, ha habido una deserción masiva de arcabuceros en todos los municipios de la Comunitat Valenciana donde se celebran estas fiestas. Por el endurecimiento de las medidas de seguridad.
El presidente de la Federación de Moros y Cristianos de Torrent Xavi Santamaría recuerda que esta ciudad hace 5 o 6 años contaba con 400 tiradores mientras que en las fiestas de este julio pasado solo han participado 100. «Estuvimos a punto -señala- de no poder realizar el acto de arcabucería por el incremento bárbaro del precio de la pólvora y por los requisitos interminables que pide la administración». De hecho, «los organizadores nos encontramos con que ante una misma norma, las Delegaciones del Gobierno de las diferentes autonomías implicadas y la Guardia Civil realizan interpretaciones diferentes de los requisitos a cumplimentar». La disminución «de hasta un 70% de arcabuceros en Torrent» es el resultado de «estas trabas» administrativas y económicas: «Si le complicamos la vida al festero, acaba por no salir a disparar, ya que le cuestan más los actos de polvora que toda la fiesta», concluye Santamaría. En la misma línea se expresa el presidente de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia d' Ontinyent, Vicent Pla. «Nuestras fiestas son ahora de Interés Turístico Nacional y en poco tiempo lograrán la declaración de Interés Internacional», dice. Además, «tres de los cuatro actos de arcabucería han sido declarados BIC lo que significa que en nuestras tradiciones festivas la pólvora es imprescindible». Este año, continúa, «hemos sufrido una subida del precio sin precedentes, del 50%», lo que unido a la exigente normativa estatal provoca que cada vez haya menos tiradores. «Tenemos entre 4.500 y 5.000 festeros y casi 400 disparan, pero los arcabuceros se han reducido en los últimos años en un 40% porque están cansados de tantos obstáculos y trabas para continuar con una tradición antiquísima».
Otra población más pequeña, Quart de Poblet, también sufre este problema.El presidente de AMYC entre 2017 y 2018, Daniel Sánchez, subraya que desde que entró en vigor la ITC 26 se ha pasado de utilizar en los alardos «más de 100 kilos de pólvora, en 2014, a solo 66 que se han pedido para septiembre de este año».
El presidente de Mafemic, Mario Reig, mancomunidad de entidades festeras de 15 municipios de l'Horta, València y Riba-roja, califica de «brutal» el incremento de 32 a 48,5 euros del coste de cada kilo de pólvora. El máximo por cada persona es de 2 kilos lo que ha multiplicado los gastos. «Ese inesperado incremento de costes ha provocado que haya pueblos que se planteen no hacer estos actos en el futuro», subraya.
A su juicio, la solución para este problema pasa porque se «acabe el monopolio de la distribución de la pólvora negra» ya que en la actualidad solo una empresa puede distribuirla.
Por ello, Mafemic y Fevamic, la federación de la provincia de València, que representan a 12.000 festeros; se han unido a la Undef, que es la voz de 120.000 festeros de la Comunitat y otras autonomías españolas, para reclamar al Ministerio de Industria que tome medidas y que actúe para que baje el precio del explosivo.
No en vano, concluye Jesús Alcolea, vicepresidente de Fevamic, «desde 2006 a 2019, la pólvora se ha encarecido en un 300%, lo que se une al coste de alquilar la cantimplora y el arma, que paga cada festero; o el encarecimiento en el transporte que ha conllevado la aplicación de la ITC 26 este año».
