10 de septiembre de 2019
10.09.2019
Polémica

La Fiscalía de Menores critica la "falta de fluidez" en la relación con la conselleria

La fiscal general del Estado advierte de que el agotamiento de los recursos para dar protección al creciente número de MENA les "aboca a la delincuencia y la marginalidad como medio de subsistencia"

09.09.2019 | 23:35
Centro de menores de Buñol.

«Falta de la necesaria fluidez en la relación». Con esta claridad define la Fiscalía de Menores de València los reiterados desencuentros con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, responsable de la protección de menores en desamparo, y que vivieron su momento más delicado durante los sucesivos incidentes en el centro de recepción de Buñol.

La frase está incluida en la memoria de la Fiscalía General del Estado hecha pública ayer y que denuncia, con preocupación, el agotamiento de los recursos de las comunidades autónomas en materia de protección de menores por «la incesante llegada en situaciones personales muy precarias» de menores extranjeros no acompañados (MENA) que arriban a territorio español principalmente desde el norte de África.

La fiscal general del Estado (FGE), María José Segarra, asevera que ese fenómeno, que comenzó en 2017 y se agudizó en 2018, datos que analiza la memoria presentada ayer, ha provocado una «clara sobresaturación y desbordamiento de las capacidades de recepción y asistencia de las entidades públicas encargadas de su adecuada atención».

Y llega más lejos aún al afirmar sin paños calientes que el agotamiento de esos recursos autonómicos disponibles, problema que aprecia en todo el territorio nacional, genera un déficit de «atención adecuada» a otros menores en situación de riesgo e incrementa el «peligro potencial de abocar a los MENA a la delincuencia y la marginalidad como medio de subsistencia».

De hecho, las cifras constatan un aumento de delitos contra el patrimonio de poca gravedad pero que generan «alarma social» en puntos donde se concentran recintos de acogida de MENA.

Eso sí, Segarra aclara que los delitos más graves y violentos -desde homicidios o agresiones sexuales, pasando por violencia familiar y de género, acoso escolar o ciberacoso- nada tienen que ver con los MENA ni con «las bolsas de marginalidad» de los núcleos urbanos, sino que son cometidos por chicos mayoritariamente no extranjeros, nacidos en la «llamada sociedad del bienestar», y que obedecen «a una quiebra profunda del sistema educativo».

Segarra sugiere «una revisión en profundidad del sistema educativo, de la educación en los hogares y en los centros escolares» que fomenten «el respeto a la convivencia, la igualdad y la diversidad» y critica que, hasta ahora, solo se ha intentado prevenir esa delincuencia juvenil de manera «parcelada» y con «campañas institucionales con eslóganes estandarizados».

Conflictos con la oficina de Bravo

Tampoco la Conselleria de Justicia, que dirige Gabriela Bravo, fiscal de carrera, se libra de las críticas de la FGE. Así, la memoria recoge las quejas de la fiscal delegada de atención a las víctimas en València, quien afirma que, desde la creación de las nuevas oficinas de asistencia a víctimas de Bravo, «la relación con las mismas se ha deteriorado, bien debido a su nueva infraestructura o bien por falta de tiempo material por parte de la letrada adscrita a dicha oficina, que era la persona que coordinaba con la Fiscalía la protección de las víctimas».

A lo que agrega que «ello, unido a que la coordinación de la oficina sita en la Ciudad de la Justicia, [la conocida como comisaría de violencia de género] ha sido asumida por varias personas desde su creación, ha hecho completamente inviable una relación fluida con la Fiscalía».

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