12 de octubre de 2019
12.10.2019
Barómetro social

Aprobado al Consell en la gota fría; suspenso al Gobierno central

Casi un 40 % de los ciudadanos valencianos avala la labor del Ejecutivo de Puig en la respuesta a los efectos del último temporal - Cerca de la mitad de los encuestados censura la actuación de Pedro Sánchez en la catástrofe que arrasó la Vega Baja

12.10.2019 | 00:36

Visto bueno a la gestión del Consell de Ximo Puig y suspenso para el Gobierno de España de Pedro Sánchez. Esa es la opinión de los ciudadanos sobre la respuesta al episodio de gota fría que afectó a comarcas del sur de la provincia de Valencia pero que, sobre todo, arrasó la Vega Baja en Alicante, según el barómetro de Invest Group para los diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana: Levante-EMV, «Información» y «Mediterráneo».

Cara para el Consell; cruz para Madrid. Visión doble sobre la respuesta de las administraciones públicas al grave episodio de lluvias torrenciales de mediados de septiembre -el más grave en los últimos 140 años- que afectó al sur de la provincia de Valencia pero que, sobre todo, arrasó la comarca alicantina de la Vega Baja. Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana -cerca de un 40 %- aprueban la gestión del Consell de Ximo Puig pero, sin embargo, suspenden con claridad el papel que ha jugado el Gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza. Casi la mitad censura la actuación desde Madrid. Esa es la principal conclusión del barómetro de otoño elaborado por Invest Group para los periódicos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana: Levante-EMV, Información de Alicante y Mediterráneo de Castelló.




Como se recordará, el jefe del Consell, Ximo Puig, tuvo una presencia directa y sobre el terreno tanto en la localidad valenciana de Ontinyent, donde se desbordó el río Clariano; como, especialmente, en la Vega Baja, comarca en la que estuvo cuatro días seguidos (los más duros del temporal) atendiendo directamente problemas en localidades como Orihuela, Almoradí, Dolores o Guardamar. Y todo ello bajo la amenaza que suponía la crecida del Segura que, finalmente, se desbordó con un saldo de tres muertes y un volumen de pérdidas incalculables que la propia Generalitat, en una primera estimación, ha cifrado en unos 1.500 millones aunque empresarios y agricultores consideran que podría elevarse, incluso, a más del doble de esa cantidad.

El Consell, en un pleno celebrado en Orihuela, aprobó una primera línea de ayuda por 23 millones que posteriormente amplió para poder abarcar la emergencia y organismos como el Institut Valencià de Finances van a ofrecer otras alternativas para intentar reactivar el tejido económico de la comarca. Esa capacidad de iniciativa de la Generalitat ha tenido, sin duda, un reconocimiento de los ciudadanos, apunta el sondeo de Invest Group. Casi cuatro de cada diez encuestados -un 39,6 %- considera que la respuesta del Consell ha sido buena o muy buena frente a un 38 % que la rechaza. Los residentes en Castelló y los mayores de 50 años son los que mejor puntúan a la Generalitat. Por contra, la provincia de Alicante -el territorio más afectado por los efectos de la riada- y la franja de edad que va entre los 25 y los 49 años son los más críticos con la administración autonómica.

Para el Gobierno de España, sin embargo, la nota de su actuación, de acuerdo con el estudio de Invest Group, es mucho más baja. Un 49,7 % de los encuestados -casi la mitad de toda la muestra- valora negativamente la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Una de las grandes polémicas de esos días fue, precisamente, la visita relámpago del presidente del Gobierno a la «zona cero» del temporal. Apenas unos minutos en Orihuela sin ni siquiera atender a los medios de comunicación antes de trasladarse a Murcia. Pocos días después, además, el Consejo de Ministros aprobó una declaración de zona catastrófica vinculada a una partida de 764 millones aunque a repartir entre veinte provincias que habían sufrido emergencias desde el pasado verano. Esta actuación tan errática del Ejecutivo de Sánchez en el temporal más grave en los últimos 140 años únicamente la aprueban un 28,5 % de los encuestados, con mejor porcentaje en las comarcas de Castelló y más crítico en la provincia de Alicante.
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