La magistrada titular del juzgado de instrucción número 1 de Paterna, Isabel María Flor, ha dado carpetazo a la investigación iniciada a comienzos de año en torno a los contratos de À Punt denunciados por el PP sin haber hallado ni un solo «indicio de criminalidad» en la gestión de la entidad. Tanto la directora de la radiotelevisión pública, Empar Marco, como el gerente de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CMVC), Enrique Soriano, han quedado exonerados del delito de prevaricación administrativa por el que tuvieron que declarar en junio en sede judicial.
El auto de sobreseimiento de la causa, apoyado con rotundidad por el Ministerio Fiscal, ha supuesto un mazazo para el PP, que ha optado por acatarlo sin rechistar, renunciando a la posibilidad de presentar un recurso de reforma o de solicitar nuevas pruebas. La resolución, a la que ha tenido acceso este diario, concluye que la querella presentada por los populares se sustenta en «meras sospechas» que «en modo alguno constituyen un actuar torticero, manifiestamente ilegal y arbitrario».
Las pesquisas recabadas por la jueza en el marco de la fase de diligencias previas concluyen que no ha quedado acreditada «la perpetración de ilegalidad patente, flagrante y clamorosa» alguna que justifique la continuidad de la investigación. El auto no observa un perjuicio de los intereses generales ni un «injustificado abuso del poder».
La denuncia ponía el foco en la contratación -sin proceso de selección- de diez trabajadores, tres directivos de la casa, así como en la adjudicación -mediante la modalidad del contrato menor- de 1,3 millones de euros a la productora de la serie La Tramuntana, cuyo administrador único es un exconcejal del PSPV de Benifaió. El PP amplió la denuncia con supuestos fraccionamientos irregulares apuntando a un informe de la Sindicatura de Comptes. Sin embargo, los máximos directivos de la cadena defendieron que las contrataciones contaban con el aval jurídico y las justificaron ante la necesidad de poner en marcha la radiotelevisión.
