La sentencia que ha condenado a los líderes del «procés» catalán a penas de 9 a 13 años de cárcel ha sacudido el tablero político valenciano tanto como ha dividido a los socios del Govern del Botànic, enfrentándolos con la oposición.

Los primeros, aunque con disparidad de opiniones sobre la contundencia del fallo, abogaron por el diálogo a modo de pomada para aliviar la escalada de tensión entre el Estado y los vecinos del norte, mientras que el PP, Ciudadanos y Vox pusieron el foco en retirar las subvenciones a entidades que, como Acció Cultural del País Valencià (ACPV), llamaron a una movilización que en València sacó a la calle a más un millar de personas y que desembocó en una cascada de protestas en otros municipios como Benicarló, Castelló de la Plana, Benifairó de les Valls, Gandia, Pedreguer, Elx y Alacant.

En el cap i casal, la concentración convocada por ACPV, Solidaritat i República, la Plataforma pel dret a decidir y Esquerra Republicana (ERPV) en la plaza del ayuntamiento superó las expectativas y derivó en una manifestación espontánea que, durante algunos minutos, paralizó el tráfico en los alrededores del céntrico enclave en hora punta.

A diferencia de lo ocurrido en otros puntos, las protestas fueron pacíficas. No hubo colapsos, ni cargas ni heridos. Nada que ver con lo que se vivió en Barcelona y otras localidades de Cataluña a lo largo de la jornada. Solo algún incidente aislado protagonizado por unos pocos ultras que se encararon con los manifestantes al grito de «Viva España» empañó la convocatoria valenciana. La Policía intervino rápidamente para alejarlos y evitó enfrentamientos de mayor envergadura.

«Llibertat presos polítics» fue la consigna más repetida durante la manifestación, en la que un gran lazo amarillo compartió espacio con grandes fotografías de los condenados por el Tribunal Supremo.

Pocos dirigentes políticos valencianos se mordieron la lengua una vez publicada la resolución judicial, contra la que elevaron la voz numerosos cargos del gobierno autonómico, algunos de los cuales, pertenecientes a Compromís y Unides Podem, se sumaron a la protesta de ayer.

Entre los rostros más conocidos: el del eurodiputado valencianista Jordi Sebastià, la vicepresidenta de la Diputación de València, Maria Josep Amigó, Maria Oliver o el consejero de À Punt a propuesta de Compromís, Rafael Xambó. De la coalición valencianista acudieron múltiples cargos orgánicos del Bloc.

En el seno del Consell, el contraste de opiniones fue notable. El PSPV fue el partido más comedido en sus valoraciones sobre la resolución judicial, que en cambio fue tachada de «desproporcionada» y «cruel» por dirigentes vinculados a sus socios de gobierno.

Los socialistas se inclinaron por acatar y respetar la sentencia, aunque el síndic en las Corts, Manolo Mata, la calificó de «muy dura». El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, rehusó pronunciarse sobre el fallo, pero dijo que el mismo debe tener una «consecuencia política» basada en «la ley y el diálogo» para evitar una «huida hacia adelante».

«Estoy en contra de la radicalización, de la fronterizacion, de buscar el enfrentamiento que no dará ninguna solución. Para una buena convivencia debe haber respeto al conjunto de identidades», incidió Puig, que abogó por avanzar hacia una «federalización» del país. «El único camino a transitar es el diálogo dentro de la ley. Si no estás dentro, ¿quién protege la democracia?», sentenció el presidente.

La oposición ataca al Botànic

A la vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, la sentencia le cogió de viaje institucional en China. La consellera se mostró «entristecida», pero esperanzada sobre «un futuro de diálogo y acuerdos». Oltra pidió esperar a futuros pronunciamientos del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Para la síndica de Unides Podem en Les Corts, Naiara Davó, en cambio, la resolución del Supremo evidencia «el fracaso de la política en su faceta más cruel» y es la consecuencia de dejar en manos de los tribunales la solución al problema catalán.

Por su parte, la oposición aprovechó para elevar el tono sobre un asunto recurrente: las ayudas del Consell a entidades culturales valencianas simpatizantes del independentismo que ayer llamaron a la movilización. En el PP, Jorge Bellver señaló a Acció Cultural, Intersindical o Escola Valenciana. Pidió «dejar de financiar» sus «campañas» y definió la sentencia como «ejemplar». «Demuestra que en España quien la hace la paga, y nadie está exento de cumplir la ley», ahondó el diputado.

En una línea muy similar se pronunció el síndic de Ciudadanos. Toni Cantó anunció que pedirá medidas para que organizaciones como Acció Cultural «no puedan recibir ni un euro de dinero público», a tiempo que acusó a Compromís de poner en duda la democracia española por hablar de «presos políticos» y por cuestionar el fallo del Supremo. Cantó reclamó que las condenas se cumplan íntegras.

El líder de Vox en la C. Valenciana, José María Llanos, echó un poco más de leña al fuego e incluso pidió una comisión de investigación «sobre las conexiones entre Acció Cultural y otras entidades independentistas catalanas como Òmnium Cultural», a quienes vinculó con el «golpismo».