El conflicto catalán ha copado esta mañana la sesión de control parlamentario al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. La síndica del PP, Isabel Bonig, ha abierto la jornada pidiendo la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a través de una intervención en la que ha comenzando condenando "los actos de violencia en las calles de Cataluña" y mostrando su apoyo a las fuerzas y cuerpos de serguridad del Estado y al sistema judicial. Después de atacar al Consell del Botànic por los recortes y el gasto en publicidad institucional, la portavoz popular ha preguntado a Puig por "qué medidas piensa adoptar" para hacer frente a la desaceleración económica.
En su turno de respuesta, el presidente ha expresado su "solidaridad" con el puelbo de Cataluña por las "escenas de violencia" y la situación generada tras la sentencia. Puig ha dicho que los fallos judiciales "están para cumplirse" y ha reivindicado el estado de derecho y el diálogo para solventar el conflicto, a tiempo que ha rechazado los intentos de la oposición por "importar" conflictos y ha llamado a "recuperar la vía de la moderación y el diálogo".
Puig no ha desaprovechado la oportunidad y, después de que la dirigente popular le recriminara una serie de compromisos anunciados que el Botànic que no se han materializado todavía, se ha sacado de la manga tres nuevas medidas inminentes encaminadas a combatir los indicadores de enfriamiento. La primera consiste en una inyección del banco público de 150 millones de euros a 750 microempresas, autónomos y start-ups. La segunda es un plan de incentivos para impulsar grandes inversiones empresariales de más de un millón de euros, vinculadas al cambio de modelo y con carácter plurianual que se aprobará en el próximo pleno del Consell. Puig cifró la inversión en 20 millones y aseguró que atraerá 141 millones de inversión privada y 1.400 puestos de trabajo. Por último, Puig señaló el diseño de una Estrategia para la Economía de la Inteligencia Artificial para «diversificar y transformar» el tejido valenciano basado en I+D+I y la revolución tecnológica. Dentro de este marco, se han diseñado polos de atracción para la innovación como el Distrito Digital de Alicante, La Marina de València y el sector cerámico de Castellón.
El síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, ha recriminado a Puig que sus socios de gobierno se hayan manifestado "apoyando a los golpistas" y ha arremetido contra las ayudas a entidades afines al movimiento catalán, algo en lo que también han vuelto a hacer hincapié el PP y Vox.
Para Puig, Cantó tiene "una obsesión enfermiza" con Cataluña. El presidente ha pedido al síndic de Ciudadanos que no intente trasladar ese conflicto a la Comunitat y ha manifestado que nunca defenderá "el fanatismo ni el nacionalismo excluyente". Sobre las ayudas a Acció Cultural y otras asocaiciones, Puig ha recalcado que se sigue la legalidad vigente y "sin filias ni fobias" ni "revisionismo", incluyendo a 400 colectivos como Lo Rat Penat, la Real Academia de Cultura Valenciana o el Arzobispado de Valencia.
El presidente también ha recalcado que la sentencia no considera que en Cataluña se produjera "un golpe de Estado", como ha inicado Vox en el pleno. Por su parte, el conseller Vicent Marzà ha respondido a los ataques de la oposición preguntando si "piensan que con 100 años de prisión se arregla alguna cosa" en relación al fallo.
