La Comunitat Valenciana y Murcia litigaron durante once años por cinco kilómetros cuadrados de terrenos que no sólo modificaba dos términos municipales sino los lindes históricos entre ambas comunidades. La polémica surgió en 2001 «cuando el servicio de cartografía de la Región de Murcia revisó las líneas de término y detectó una incongruencia entre la línea de hecho (la vereda real de ganados) y la línea de derechos (una línea recta que figuraba en un acta de deslinde de 1897 que discurría entre dos mojones de la línea de término entre San Pedro del Pinatar y Pilar de la Horadada», explicó la exvicepresidenta del Consell y exdelegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, ahora letrada en Sánchez de León abogados.
Un litigio que finalizó con la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo dando la razón al municipio valenciano y a la Generalitat y que Sánchez de León gestionó cuando era secretaria autonómica de cohesión territorial. Aunque antes tuvo que superar un informe contrario a los intereses valencianos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la «descoordinación inicial entre las tres administraciones valencianas implicadas: la Generalitat, la Diputación [de Alicante] y el Ayuntamiento [de Pilar de la Horadada]».
Finalmente, un informe de la Universitat de Alicante logró demostrar que otro deslinde de 1756, que respetaba los límites históricos y de la vereda real, era el que debía tenerse en cuenta para dirimir este litigio y no el de 1897 que alegaba Murcia. El IGN llegó a modificar su informe, por lo que el Ministerio de Administraciones Públicas (competente en este tipo de litigios intercomunitarios) falló a favor de la Comunitat Valenciana. La Región de Murcia perdió sus recursos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Aunque, para Sánchez de León, «si hubiera habido un geómetra experto con formación técnico-jurídica desde la primera fase habría evitado los once años de litigios».
